Tras varias horas de audiencia, una jueza de control dictó prisión preventiva oficiosa al ex contralmirante Fernando Farías Laguna, por lo que seguirá preso en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.
La defensa de Farías Laguna solicitó duplicidad del plazo constitucional, por lo que situación jurídica se resolverá el miércoles 26 de agosto, fecha en que se conocerá si es o no vinculado a proceso por crimen organizado con fines de cometer delito en materia de hidrocarburo.
La reanudación de la audiencia inicial se llevará a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, ubicado en el Estado de México.
La ministra de Seguridad Nacional argentina, Alejandra Monteoliva, confirmó en la previa la expulsión del país del excontraalmirante Fernando Farías Laguna, acusado de contrabando de combustible y detenido el pasado 23 de abril en el país sudamericano.
El rechazo al asilo político en el cono sur
“Este delincuente mexicano solicitó asilo en Argentina para evitar que lo mandaran de vuelta a su país”, señaló Monteoliva en una publicación en la red social X, en la que agregó que, gracias a un decreto del presidente Javier Milei, el Gobierno rechazó esa solicitud.
“Lo encontramos. Lo detuvimos. Y ya lo expulsamos”, afirmó la ministra, quien añadió: “Argentina no es refugio de delincuentes”.
El ex contralmirante mexicano aterrizó el viernes 21 de agosto en la Ciudad de México tras ser expulsado de Argentina y será internado en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La institución señaló en redes sociales que Farías Laguna arribó al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), donde fue presentado ante un médico forense para certificar su estado de salud antes de ser trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano.
Esquema logístico para evadir el marco fiscal
La Justicia mexicana lo requiere por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, mientras que México había solicitado formalmente su extradición el 21 de mayo.
Según la investigación, la organización utilizaba buques tanque que llegaban a puertos como Tampico, en el norteño estado de Tamaulipas, o Ensenada, en Baja California, con hidrocarburos declarados presuntamente como aceites o aditivos para evadir el pago de impuestos.
La FGR sostiene que servidores públicos participaban en el posterior transporte y dispersión de los combustibles mediante empresas legalmente constituidas, que los distribuían a estaciones de servicio o eran utilizadas para lavar las ganancias ilícitas.
