El diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar llamó a su partido a concretar la desaparición del fuero constitucional y a reformular el juicio político porque tiene un alto costo para el partido la protección a legisladores y gobernantes.
Sin citar el caso del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, que al volver al cargo recuperó la protección del fuero, urgió a hacer la reforma constitucional para suprimir las disposiciones legales que permiten la protección indebida de políticos y gobernantes.
“El costo político de seguir protegiendo a políticos y gobernantes es ya demasiado alto, pues estas prácticas han contribuido a construir extensos sistemas de impunidad. En una democracia no puede haber cargos que funcionen como refugios frente a la justicia. Debemos proteger la libertad de quienes representan al pueblo, pero también asegurar que ninguna investidura coloque a una persona por encima de la ley”, sostuvo Ramírez Cuéllar, vicecoordinador parlamentario.
Consideró que la ciudadanía necesita volver a creer que existe una decisión firme de profundizar la llamada “regeneración nacional”, acabar con los privilegios y garantizar que nadie esté por encima de la ley.
Reconoció que la pérdida de confianza afecta a Morena, rumbo a las elecciones del próximo año.
“Recuperar esa confianza será indispensable para construir una nueva mayoría política y electoral que se exprese el primer domingo de junio de 2027”, admitió sobre la situación del partido ante la opinión pública.
Planteamiento técnico para suprimir la inmunidad procesal penal
Por medio de un comunicado de prensa, expresó que las responsabilidades públicas exigen mayores niveles de legalidad y rendición de cuentas.
Expuso que quien desempeña un cargo de elección popular debe responder ante la justicia bajo las mismas reglas aplicables a cualquier ciudadana o ciudadano.
“Es preciso terminar con la inmunidad procesal penal de legisladores federales y locales, así como de gobernadores que usan el fuero como escudo de impunidad. Las controversias constitucionales no deben usarse para paralizar la investigación, sustanciación y resolución de los juicios políticos”, destacó.
Señaló que el País debe concretar un régimen de responsabilidades públicas en el que ninguna persona se encuentre por encima de la ley y los cargos de elección popular no puedan utilizarse como escudos frente a la justicia.
Adelantó que presentará la propuesta de reforma constitucional para eliminar la inmunidad procesal penal de legisladores y titulares de los poderes ejecutivos locales, así como evitar el uso de los cargos legislativos como plataformas temporales para buscar otras posiciones políticas.
Ramírez Cuéllar explicó que la propuesta distingue claramente entre la inviolabilidad parlamentaria y la inmunidad procesal penal, figuras que comúnmente son agrupadas bajo el concepto genérico de “fuero”, pero que tienen finalidades y alcances diferentes.
El debate sobre el juicio político
“La inviolabilidad parlamentaria protege las opiniones y los votos, y eso se debe proteger a toda costa, pero la inmunidad procesal penal es un privilegio usado tramposamente que se debe terminar”, apuntó en medio de la crisis política en Sinaloa, por el regreso del Gobernador Rocha, acusado por Estados Unidos de ligas con el crimen organizado.
Detalló que la eliminación del fuero no implica desconocer el debido proceso, la presunción de inocencia ni el derecho de defensa.
Agregó que la reforma que propone también revisaría los alcances de las resoluciones de los jueces respecto a la aplicación efectiva de las sanciones derivadas de un juicio político.
Recordó que la tesis LI/2005 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación distingue entre dos momentos del juicio político, por un lado la sustanciación del procedimiento y, por otro, la ejecución de sus efectos y consecuencias.
De acuerdo con ese criterio, una suspensión concedida dentro de una controversia constitucional no puede detener la investigación, tramitación o resolución del juicio político, porque éste constituye una institución fundamental del orden jurídico mexicano.
Sin embargo, la misma tesis permite suspender sus efectos y consecuencias, de modo que una eventual destitución o inhabilitación no pueda ejecutarse hasta que la Suprema Corte resuelva el fondo de la controversia.
Ramírez Cuéllar indicó que esta distinción de tipo procesal puede producir un problema de enorme trascendencia democrática, y es que el juicio político continúa formalmente, pero su resultado queda materialmente desactivado.
“Si el procedimiento puede desarrollarse, pero las sanciones que constituyen su razón de ser no pueden ejecutarse, corremos el riesgo de conservar solamente la apariencia del juicio político. Una resolución sin consecuencias oportunas puede convertirse en una declaración vacía y, peor aún, en una protección temporal para quien debe rendir cuentas, y eso no lo podemos permitir”, sostuvo.
Ejemplo de ello, destacó, es la suspensión provisional recientemente concedida por la Ministra María Estela Ríos González al Gobernador de Nuevo León, Samuel García, sobre el juicio político que promovió en su contra el Congreso local.
Citó que la resolución permite que el Congreso de Nuevo León continúe con el procedimiento, pero impide ejecutar una eventual destitución o inhabilitación mientras la Suprema Corte resuelva el fondo del asunto.
“Aunque la Corte todavía no ha emitido ninguna determinación, las consecuencias más importantes del juicio político quedaron suspendidas anticipadamente”, dijo respecto a modificar esta situación con la reforma que propone.
