Para muchos productores de Querétaro, el agua con la que riegan depende de una concesión. Ese documento define un derecho que tiene consecuencias muy concretas: cuánto pueden extraer, bajo qué condiciones y durante cuánto tiempo pueden hacerlo.
Por eso, cuando cambian las leyes que regulan el agua, la preocupación no es menor.
La pregunta es sencilla: ¿qué pasará con esas concesiones?
En los últimos meses se modificó el marco jurídico nacional en materia de agua y todavía quedan aspectos que deberán precisarse mediante reglamentos. Entre ellos están las condiciones bajo las cuales los derechos de agua podrán conservarse, transmitirse o modificarse.
Ese periodo entre la aprobación de una ley y la definición de cómo se aplicará genera incertidumbre. Y en el campo los tiempos administrativos no siempre coinciden con los ciclos de producción.
Un productor puede necesitar decidir hoy si hará una inversión que espera recuperar durante varios años. Para hacerlo necesita saber si la concesión de agua asociada a su pozo continuará bajo las mismas condiciones, si tendrá que realizar nuevos trámites o si alguna de las reglas cambiará.
La certeza jurídica, en este caso, tiene que ver justamente con eso: saber con qué condiciones se puede trabajar y qué ocurrirá con un derecho de agua que forma parte de la operación de una unidad de producción.
Esto no significa que las reglas deban permanecer iguales para siempre. El agua es un recurso limitado y su regulación tendrá que ajustarse a las condiciones del país y de cada región. Lo importante es saber cómo serán esos cambios y cuándo comenzarán a aplicarse.
En Querétaro esta discusión tiene un peso particular.
Buena parte de la actividad agrícola se desarrolla en condiciones de disponibilidad limitada de agua. Los productores lo saben desde hace tiempo y muchos han tenido que modificar la manera en que riegan, incorporar tecnología y buscar formas de producir utilizando mejor el recurso.
Desde el Consejo Consultivo del Agua he tenido la oportunidad de platicar con productores del semidesierto y de los valles agrícolas. Cuando hablan del agua, hablan desde la experiencia diaria: del pozo, del riego, de los costos y de las decisiones que tienen que tomar para el siguiente ciclo.
Y en esas conversaciones aparece con frecuencia la misma preocupación: saber qué va a pasar con sus concesiones.
La razón es concreta. Para quien depende de un pozo para regar, la concesión es el derecho que le permite utilizar esa agua bajo determinadas condiciones. Si esas condiciones cambian, necesita conocer las nuevas reglas y saber a partir de cuándo tendrán efecto.
Esto también tiene relación con la seguridad alimentaria.
A veces la conversación se concentra en cuánto producimos o en cuánta agua tiene disponible el campo. Pero para producir también se necesita poder planear.
Si un productor desconoce qué ocurrirá con el derecho de agua del que depende su actividad, es razonable que sea más cuidadoso antes de comprometer recursos en una inversión de largo plazo.
Las reformas pueden buscar ordenar las concesiones, mejorar el control sobre el agua o adaptar las reglas a una realidad hídrica distinta. Pero buena parte de su resultado dependerá de cómo se instrumenten.
Una ley establece el marco. Los reglamentos y los procedimientos terminan definiendo cómo funcionará en la práctica.
Ahí importa saber qué autoridad resolverá cada trámite, qué documentación será necesaria, qué ocurrirá con los derechos existentes y cuáles serán los criterios para su conservación o transmisión.
Son asuntos administrativos, pero terminan teniendo efectos en la parcela.
Por eso, cuando desde el Consejo insistimos en construir un marco jurídico propio para el agua en Querétaro, no lo hacemos solamente por tener una nueva ley.
Lo hacemos porque estamos convencidos de que un Estado que quiere garantizar el alimento de sus hijos debe empezar por darle certeza a quien lo cultiva.
Una legislación estatal puede ayudar a definir responsabilidades, mejorar la coordinación entre instituciones y establecer reglas para aquellos asuntos que corresponden al ámbito local. Pero también debería ayudar a que los procedimientos sean claros y a que quienes dependen del agua sepan con qué condiciones van a trabajar.
Los productores de Querétaro ya cumplieron buena parte de la suya.
Han aprendido a producir en condiciones difíciles, han tecnificado sus sistemas de riego, han buscado hacer un uso más eficiente del agua y siguen tomando decisiones en un entorno donde el clima, los precios y la disponibilidad del recurso cambian constantemente.
Desde las instituciones también tenemos una responsabilidad.
No podemos controlar cuándo va a llover ni cuál será el precio de una cosecha. Pero sí podemos trabajar para que las reglas sean claras, los procedimientos funcionen y los cambios no dejen durante meses preguntas sin respuesta.
La certeza tampoco significa garantizar que nada vaya a cambiar. Significa que quien produce conozca las condiciones, entienda los cambios y tenga elementos para tomar decisiones.
Porque si queremos que en Querétaro se siga sembrando, produciendo y utilizando mejor el agua, también necesitamos que quienes hoy toman decisiones sobre la parcela sepan bajo qué condiciones podrán hacerlo mañana.
