La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, es investigada por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado, de acuerdo con una investigación publicada por el semanario ZETA de Tijuana.
En la misma condición está su exesposo y excoordinador de Proyectos Estratégicos en el Gobierno de Baja California, Carlos Torres Torres.
El semanario ZETA de Tijuana confirmó la existencia de la investigación con fuentes en Estados Unidos, luego de la difusión de cuatro audios en los que la mandataria habla sobre reuniones con agencias estadounidenses y sobre la posibilidad de cooperar con las autoridades a cambio de inmunidad.
“Varios (delitos), por eso siguen más investigaciones para decidir cuáles cargos para llevar contra ella, su esposo (sic) y otros, con vínculos a crimen organizado”, respondió a ZETA uno de sus contactos en Estados Unidos, al ser consultado sobre los delitos que se investigan.
Incluso, en un audio difundido la semana pasada se plantea a la mandataria la posibilidad de firmar un testimonio de colaboración para coadyuvar con autoridades estadounidenses.
El Gobierno de Baja California rechazó que la gobernadora haya firmado una “proffer letter”. Jesús Romandía, secretario particular de la mandataria, declaró a ZETA que “no firmó ningún documento”.
La propia gobernadora ha dicho que desconoce la investigación en su contra y ha sostenido que los audios fueron sacados de contexto.
El contexto
La gobernadora de Baja California, la morenista Marina del Pilar Ávila, informó desde mayo que autoridades de Estados Unidos le habían revocado su visa de turista y atribuyó entonces el tema a un asunto administrativo.
Sin embargo, de entonces a la fecha fueron difundidos cuatro audios de conversaciones de la gobernadora con un intermediario y supuestos agentes estadounidenses.
El más reciente, difundido el 11 de agosto, contiene la referencia más directa a una posible investigación penal. En la conversación, un intermediario le advierte a la gobernadora que se trata de “la última oportunidad” para evitar cargos o sanciones.
Ante la pregunta de Ávila sobre los delitos que se le imputarían, un agente estadounidense respondió que no podía discutirlos. Después, le recomendó reunirse con su abogado y preparar una “proffer letter”, documento mediante el cual una persona bajo investigación puede ofrecer información a fiscales estadounidenses bajo determinadas condiciones de protección.
“Mi consejo es que se reúna con su abogado y prepare lo que se conoce como una carta proffer”, habría dicho el agente, de acuerdo con la transcripción publicada por ZETA.
El semanario ZETA de Tijuana sostiene que la recomendación de preparar ese documento constituye un indicio de investigación estadounidense contra la gobernadora.
La gobernadora Marina del Pilar Ávila ha dicho que cayó en una “emboscada psicológica” y señaló al exgobernador Jaime Bonilla Valdez como responsable de la situación.
