La Fiscalía informó este sábado la detención en la Ciudad de México de Guadalupe “N”, apoderada legal de Ingemar, presuntamente relacionada con una red criminal dedicada al contrabando de hidrocarburos, caso por el que está detenido el ex Gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo.
Indicó que la investigación contra la mujer deriva del aseguramiento, en julio de 2025, de 33 ferrotanques abandonados en Ramos Arizpe, Coahuila, donde personal de la FGR, SSPC, AIC, Defensa, autoridades estatales y Pemex tomó muestras que confirmaron la presencia de hidrocarburos.
Según el comunicado, las investigaciones permitieron reconstruir el esquema de operación de una presunta red dedicada al contrabando de combustible por vía férrea, la cual presuntamente operaba mediante empresas fachada, operadores logísticos, agentes aduanales y esquemas financieros, “con la probable complicidad de servidores públicos”.
La FGR aseguró que la organización introducía cargamentos declarados con volúmenes inferiores a los realmente transportados o los registraba como otros productos para evadir el pago de impuestos y posteriormente mezclaba el combustible ilegal con producto legal para dificultar su identificación y comercialización.
Informó que, con esta captura, suman nueve personas aprehendidas, de las cuales ocho ya fueron vinculadas a proceso, mientras continúan las investigaciones para combatir toda la estructura criminal.
Agencias federales tras el rastro del contrabando
Indicó que la captura fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en cumplimiento de una orden de aprehensión obtenida por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Detalló que la mujer es investigada por su probable participación en los delitos de contrabando y delincuencia organizada.
“Como resultado de las acciones coordinadas con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, basadas en labores de inteligencia, el intercambio de información y acciones operativas, la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) solicitó y obtuvo el mandamiento judicial en contra de esta mujer, por su probable participación en los delitos de contrabando y delincuencia organizada”, explicó.
De acuerdo con la dependencia, Guadalupe “N” fue localizada y aprehendida en la Colonia Chapultepec Morales, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.
Fuentes de seguridad indicaron que la detenida es Guadalupe Hernández Hinojosa, identificada en la investigación federal como apoderada de Ingemar.
Piezas claves de la red
Ernesto Ruffo Appel, José Merino Valdés Cuervo, José Luis Rangel Martínez y Guadalupe Hernández Hinojosa fueron ubicados por la FGR como presidente y apoderados de Ingemar, empresa señalada en la indagatoria sobre la presunta red de contrabando de combustibles.
La investigación también involucra a Armando III Riestra Fernández, propietario de Servicios Aduanales JR.
La captura ocurre después de la vinculación a proceso de Ruffo Appel y otros presuntos integrantes de la organización.
De acuerdo con la imputación de la FGR, dada a conocer durante la audiencia contra el ex Gobernador de BC, Guadalupe Hernández Hinojosa figura entre las cinco personas que presuntamente desempeñaban funciones de administración y dirección dentro de la supuesta estructura criminal.
La FGR sostiene que, junto con Ruffo, permitió que las empresas Ingemar y Servicios Aduanales JR fueran utilizadas de manera permanente para introducir combustible de presunto contrabando al País.
Según esa investigación, Hernández Hinojosa era una de las apoderadas de Ingemar, empresa que la FGR identifica como una de las piezas centrales del supuesto esquema de “huachicol ferroviario”.
La acusación señala que la organización habría utilizado 11 empresas para importar petrolíferos declarando en los pedimentos aduanales apenas el 10 por ciento del volumen realmente transportado, con lo que presuntamente evadió el pago del IEPS y del IVA.
En el caso de Ingemar, la Fiscalía le atribuye el ingreso de 161 ferrotanques con más de 18 millones de litros de petrolífero de presunto contrabando y un daño al fisco superior a 166 millones de pesos.
