Tras varias horas de discusión, la Comisión de Integridad de Candidaturas del INE quedó integrada por los consejeros Arturo Chávez, Norma de la Cruz y Uuc-Kib Espadas.
El órgano será presidido por Chávez, consejero electo en abril y cercano a Morena y a la Presidenta Claudia Sheinbaum. Antes de asumir el cargo se desempeñó como director de Talleres Gráficos de México.
Los consejeros han advertido que la Comisión únicamente fungirá como enlace entre los partidos políticosy las dependencias de seguridad. Las dirigencias partidistas enviarán de manera voluntaria al Instituto la lista de candidatos que deseen someter a revisión, y el INE la canalizará a las instancias correspondientes.
Posteriormente, las dependencias devolverán al organismo la información recabada e indicarán si consideran que existe un “riesgo razonable” por posibles vínculos con la delincuencia organizada o si los aspirantes están involucrados en alguna investigación o ilícito que pueda afectar su postulación.
El mapa de la inteligencia
El Instituto únicamente remitirá esa información a los partidos políticos, que serán los responsables de decidir si mantienen o no las candidaturas.
Las dependencias involucradas son el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
La legislación establece que dichas instituciones no revelarán expedientes ni detalles de las investigaciones.
Los aspirantes deberán aceptar de manera obligatoria ser sometidos a esta revisión y todo el procedimiento será confidencial y reservado, con el fin de no afectar las investigaciones ni el debido proceso.
Si durante las revisiones se detecta información relevante, las instituciones podrán continuar las investigaciones o presentar las denuncias correspondientes.
El límite administrativo frente al terreno judicial
En mayo, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, advirtió que el Instituto no es un ministerio público, sino únicamente un intermediario.
“El Instituto es una autoridad estrictamente administrativa; no es un órgano ministerial ni judicial. La responsabilidad de investigar, perseguir y sancionar posibles vínculos con actividades ilícitas corresponde, de manera exclusiva, a las autoridades de procuración de justicia, inteligencia y seguridad pública”, indicó.
Taddei consideró que obligar al INE a asumir funciones que impliquen juzgar o determinar la probidad de una persona lo colocaría en el centro de la disputa política y vulneraría su papel como autoridad neutral e imparcial.
“Nuestra función constitucional es organizar elecciones”, sentenció.
