La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) afirmó que la pretensión del Ejecutivo federal de regular las líneas editoriales de la prensa, en nombre del derecho de las audiencias, vulnera la libertad de expresión y abre la puerta a una censura institucionalizada.
El organismo que preside la magistrada en retiro Julia García González hizo un llamado a respetar los derechos fundamentales y exigió que cualquier debate en la materia respete el marco normativo, para evitar que los criterios burocráticos sometan la labor informativa e incentiven la autocensura.
Esta mañana la consejera jurídica del Ejecutivo federal, Luisa María Alcalde, informó que los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias prevén multas contra concesionarios de radio y televisión, mientras que la Presidenta Claudia Sheinbaum planteó analizar la aplicación de estas normas a la prensa escrita y las plataformas digitales.
“Las pretensiones de regular e intervenir en las pautas editoriales y operativas de los medios de comunicación bajo el argumento de normar a las audiencias, incurren en una delicada extralimitación que vulnera de manera directa el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual garantiza el libre derecho a la manifestación de las ideas, la libertad de expresión y difusión”, expuso la JUFED en un comunicado.
“Al pretender incidir de manera unilateral la regulación sobre los contenidos difundidos en medios electrónicos como la radio y la televisión, se invade una esfera que debe mantenerse con absoluta independencia y apego a la ley. Esa propuesta abre la puerta a mecanismos indirectos de censurainstitucionalizada que restringen la pluralidad informativa y amedrentan la libertad de ideas en el debate público”.
Advertencias sobre la censura y el debate público
La asociación manifestó que intentar normar o constreñir las libertades de los medios de comunicación fractura el principio democrático, puesto que no hay sociedad libre sin prensa y medios de comunicación independientes.
“Existe una profunda inconsistencia argumentativa e institucional. Si la Constitución establece con claridad que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, pretender establecer marcos de control sobre las emisiones periodísticas y de análisis vulnera el espíritu garantista del Estado de Derecho”, sostuvo.
La JUFED recordó que durante décadas, los contrapesos constitucionales e institucionales han garantizado que el ejercicio periodístico y de transmisión de pensamientos no quede al arbitrio o fiscalización del poder en turno.
“Desde un análisis técnico-jurídico sobre la regulación de medios, si bien es cierto que la tutela de los derechos de las audiencias busca teóricamente combatir la desinformación, promover el respeto a las minorías y garantizar contenidos de calidad, en la práctica el establecimiento de controles estatales estrictos sobre las líneas editoriales representa un riesgo desmedido para el Estado Constitucional de Derecho”, sostuvo.
El impacto en el equilibrio de poderes
“Someter la labor informativa a criterios burocráticos e interpretaciones discrecionales del gobierno no solo desincentiva el periodismo de investigación y fomenta la autocensura, sino que transgrede la neutralidad institucional, debilitando el equilibrio de poderes y convirtiendo a la regulación informativa en un instrumento de fiscalización y control político”.
La JUFED afirmó que las libertades constitucionales y la protección a la libre expresión no admiten matices ni condicionamientos y, en el caso de la libertad de prensa y de difusión de los medios de comunicación, se trata de una columna vertebral inalienable.
“Exigimos que cualquier debate en la materia respete el marco normativo, garantizando que no se castigue ni restrinja la libertad de expresión bajo pretextos regulatorios en supuesta y disfrazada protección de las audiencias”, demandó.
“La democracia no puede subsistir si se despoja a los medios de comunicación y a la ciudadanía de la pluralidad de voces que exige una sociedad informada y con ejercicio pleno de la libertad de expresión”.
