La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó este martes que el proceso penal contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, responda a una persecución política y sostuvo que se trata de una investigación por presuntos delitos de contrabando de combustible, después de que un grupo de expresidentes iberoamericanos denunciara una supuesta “venganza política” en su contra.
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria respondió a los pronunciamientos del Grupo Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), integrado, entre otros, por el español José María Aznar, el mexicano Felipe Calderón y el colombiano Álvaro Uribe, quienes expresaron su preocupación por la detención del exmandatario estatal y la atribuyeron a un supuesto deterioro del Estado de derecho en México.
“Pues más allá de las personas, sería muy bueno que se informara. Que siguieran la información que ha dado la Fiscalía General de la República (FGR). Porque, repito, no tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal”, afirmó la gobernante mexicana.
La mandataria de la nación insistió en que el caso debe analizarse a partir de las investigaciones de la FGR y no desde una perspectiva política.
“Es un tema de, obviamente, hasta que no quede juzgado, de una persona que presuntamente, de acuerdo a todas las pruebas, cometió graves delitos por contrabandear combustible, así de sencillo”, señaló.
El origen de las acusaciones
Añadió que las acusaciones se relacionan con presuntos delitos fiscales y de hidrocarburos derivados de una operación que, según la investigación, se prolongó durante varios años.
“Cometer un fraude a la hacienda pública y traer durante años combustible ilegal. Entonces, quienes firman diciendo que es un asunto político, están equivocados”, sostuvo.
Asimismo, defendió la actuación de la FGR y aseguró que la investigación cuenta con los elementos suficientes para sustentar las decisiones judiciales adoptadas hasta ahora.
“Es un asunto que tiene que ver con un delito por el cual está juzgado y que hay suficiente información por parte de la Fiscalía para obtener una orden de aprehensión de un juez. Ayer creo que emitió otra vez un comunicado la Fiscalía nuevamente. Y siguen las investigaciones, y es esta persona junto con otros siete que fueron detenidos por este delito”, indicó.
El hallazgo de los ferrotanques en Coahuila
La FGR negó el lunes que la investigación contra Ruffo Appel responda a una persecución política y sostuvo que su vinculación a proceso deriva de su probable participación en una red dedicada al contrabando de hidrocarburos por ferrocarril.
Según la Fiscalía, un juez federal vinculó a proceso el pasado 23 de julio al exgobernador y a otras siete personas por presuntos delitos de delincuencia organizada, contrabando y violaciones a la legislación en materia de hidrocarburos.
La institución afirmó que la investigación comenzó tras el hallazgo de 33 ferrotanques abandonados en Coahuila y que posteriormente se identificó una estructura que presuntamente importaba combustible declarando solo el 10 % de su contenido real.
Antes de su detención, Ruffo Appel negó haber cometido irregularidades y aseguró que colaboraría con las autoridades, mientras dirigientes de la oposición han calificado el caso como un acto de persecución política.
El Grupo IDEA afirmó el lunes que el arresto constituye una “venganza política” y atribuyó el proceso al presunto desmantelamiento del sistema judicial.
