La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó que el ex Gobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel sea un perseguido político, y aseguró que la imputación de huachicol fiscal que lo tiene en la cárcel responde a investigaciones apegadas a derecho, sin sesgos de otra índole.
En un comunicado, la dependencia reconoció que a Ruffo sólo se le acusa en su proceso de un daño a la Hacienda Pública de 166 millones de pesos, por el aseguramiento de 170 ferrotanques con 18 millones de litros de hidrocarburos asegurados en julio de 2025; sin embargo, anticipó que demostrará que el daño que ocasionó fue de más de 4 mil millones de pesos.
“Fueron las propias investigaciones las que revelaron la posible participación de las personas que han sido vinculadas a proceso, lo que deja claro que no se trata de una persecución política. Ernesto “N“ no es perseguido por sus ideales o vínculos políticos, se le investiga por su probable participación en las conductas delictivas que hemos referido”, dijo la dependencia federal.
“La FGR reitera que dichas investigaciones son totalmente apegadas a derecho, sin ningún sesgo de otra índole, respetándose en todo momento el debido proceso, la presunción de inocencia y los derechos humanos de las personas imputadas”.
Un deslinde institucional que respalda la postura del Ejecutivo federal
La respuesta de la institución ministerial se da horas después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum también negó algún tipo de persecución en contra del ex primer Gobernador de Oposición en México (PAN), quien ahora también forma parte de Somos México.
