Una jueza federal vinculó esta madrugada a proceso a Ernesto Ruffo Appel y otros siete empresarios y agentes aduanales, por presuntamente ser parte de una red que contrabandeó más de 2 mil 137 millones de litros de hidrocarburos y ocasionó un daño de más de 166 millones de pesos a la hacienda pública.
Alrededor de las 3:15 horas de este jueves, Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, determinó que la Fiscalía General de la República ofreció los datos de prueba suficientes para presumir la existencia de una organización criminal dedicada al huachicol fiscal y la posibilidad de que los imputados son parte de ella.
Los ilícitos por los que han sido vinculados al procedimiento penal son un delito en materia de hidrocarburos, delincuencia organizada y contrabando.
Debido a que los dos primeros tienen prevista la prisión preventiva de oficio, prevalecerá dicha medida cautelar, lo que implica que los ahora procesados permanecerán privados de la libertad durante el trámite del procedimiento. Ruffo se quedará en el Penal del Altiplano.
Esta audiencia inició el martes a las 19:40 horas por videoconferencia y a puerta cerrada, porque la juzgadora, por pedido de la FGR, consideró que el caso contenía información de seguridad nacional que no debía ser divulgada.
La diligencia tuvo varios recesos y el último de ellos se decretó a las 17:00 horas del miércoles por un periodo de seis horas. A las 22:42 el auxiliar de sala avisó que no reanudarían la audiencia a las 23:00 horas, sino a las 00:40.
Sin embargo, la diligencia recomenzó hasta las 3:10 horas. Siete minutos después la juzgadora informó del sentido de su fallo y empezó a desarrollar sus argumentos. A las 6:00 horas de este jueves, 34 horas después de su arranque, la audiencia aún no había concluido, según informes de allegados.
Las piezas del rompecabezas aduanal
Además de Ruffo, los procesados son Ricardo Thompson Navarro, dueño de Servicios Portuarios, S.A. de C.V. y ex vocal de la empresa Ingemar, de la que el ex Gobernador es socio y fundador; y José Merino Valdés Cuervo, representante de Dragados y Puertos S.R.L de C.V. y Servicios Portuarios S.A. de C.V., empresas accionistas de Ingemar.
También, el agente aduanal Juan Hermilo Chávez Rodríguez; su dependiente autorizado Luis Antonio Barrientos Juárez; y Adriana Magali Bárcenas Guillén, accionista y representante de Logística Ferroviaria Fargo, S.A. de C.V., empresa ubicada la capital de San Luis Potosí.
La lista de procesados la completan José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, fundadores y accionistas de la empresa Internacional de Fundentes, S.A. de C.V., localizada en Saltillo, Coahuila.
En el Penal del Altiplano se quedarán internados Ruffo Appel, Thompson Navarro, Merino Valdés Cuervo, Chávez Rodríguez y Barrientos Juárez, mientras que en el Centro Federal de Readaptación Social de Nezahualcóyotl Sur, en el Edomex, continuará presa Bárcenas Guillén.
Los millones del huachicol fiscal
En tanto que de la Peña Ramos y de la Peña Rosales son los únicos que llevarán su procedimiento penal bajo prisión domiciliaria en sus casas de Saltillo.
Según la imputación de la FGR, en el 2025 la empresa Ingemar, de la que Ruffo es accionista y fundador, importó 2 mil 137 millones 455 mil 156.22 litros de petrolíferos y Servicios Aduanales JR, S.A. de C.V. otros 225 mil 633 litros, sin contar con los permisos de la Secretaría de Energía.
Del total del contrabando, las autoridades federales aseguraron sólo 18 millones 24.86 litros de hidrocarburos en Coahuila, San Luis Potosí y Tamaulipas. El daño a la hacienda pública por la introducción ilegal al país de estos productos asciende a 166 millones 466 mil 735.26 pesos.
