COLUMNA INVITADA
Justicia para todos
Seguramente usted recuerda lo tortuoso y caro que era enfrentar un asunto de carácter penal para que al final no se hiciera justicia. Todo era por escrito, el juzgador nunca estaba presente en las audiencias y las autoridades encargadas de investigar carecían de herramientas mínimas indispensables para hacer su trabajo, ello sin contar las viejas prácticas por todos conocidas en las que se usaba la violencia para arrancar la confesión de los acusados, lo que hacía que en muchas ocasiones se cometieran injusticias.
Estas y otras circunstancias detonaron que en 2008 fuera aprobada una ambiciosa reforma para implementar un nuevo Sistema de Justicia Penal. En un plazo de 8 años, que concluyó el año pasado, todas las entidades del país adecuaron sus leyes, capacitaron a los encargados de administrar e impartir justicia y adaptaron su infraestructura para poder hacer frente los retos del nuevo sistema.
Ahora los juicios son orales, el juez debe estar presente en todas las audiencias, se respetan los derechos humanos de las personas, se privilegia la reparación del daño y los delitos no graves se resuelven a través de medios alternos de solución de controversias, como la mediación.
Se trata de un modelo que privilegia los derechos humanos tanto de las víctimas como de aquellas personas a quienes se les acusa de haber cometido un delito. Ello ocasiona que si no está bien realizada una investigación, o se violan los derechos del presunto culpable, éste puede quedar libre, generando una percepción de impunidad.
En una posición más política que técnico-jurídica, en los últimos meses se ha planteado reformar este sistema para devolverle al Ministerio Público la Fe Pública, es decir, que todas sus actuaciones hagan prueba plena; que el Ministerio Público pueda emitir órdenes de búsqueda, localización y presentación de personas y darle valor de prueba a los testimonios de oídas, entre otras cosas, esto representa regresar a las viejas prácticas en las que la autoridad ministerial podía corromperse con facilidad.
Si bien el sistema está en proceso de consolidación y aún es perfectible, debemos apostarle a fortalecer a las instituciones y a capacitar bien a policías, ministerios públicos, peritos y jueces para evitar que haya impunidad y garantizar que toda persona pueda vivir en un país con seguridad y justicia, que es una característica de un país democrático.
Las deficiencias que pueda tener el nuevo sistema no pueden ser la causa para retroceder y volver a un sistema inquisitivo que no sólo viola derechos, sino que está demostrado que no funciona y que lo único que genera es gente en la cárcel, aunque muchos de ellos no hayan sido juzgados o sean incluso inocentes.
