Por el caso del supuesto huachicol fiscal, las autoridades federales empezaron a vigilar e investigar a Ernesto Ruffo Appel, ex Gobernador de Baja California, desde julio del año pasado.
La indagatoria dio lugar a que policías encubiertos lo siguieran desde las afueras de su casa, se revisaran sus cuentas bancarias y se obtuvieran los datos de todos sus domicilios, números telefónicos, placas de vehículos y correos electrónicos.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), dos agentes de la Secretaría de Seguridad federal fueron enviados a Ensenada para una vigilancia fija en las inmediaciones de su domicilio el 29 de julio de 2025. Los dos elementos fueron a la casa de Ruffo localizada en Avenida Ruiz, en la Zona Centro del puerto.
“Al realizar una vigilancia fija observaron al interior del inmueble una camioneta Renault Duster, color gris Oxford, con placas de circulación BETO60A y una camioneta Lincoln Aviator, color blanco, con placas BYW387A, ambas del estado de Baja California”, de acuerdo con el oficio SSPC/SIIP/UADT/0109/2025.
“Asimismo observaron dentro del inmueble a un masculino que en ese momento vestía playera cuello redondo color verde, short negro y tenis deportivos en color blanco, de aproximadamente 60 años, complexión robusta, sin pelo, tez blanca y con una estatura aproximada a 1.70”.
Rastreo de la FGR en Ensenada
Los agentes refirieron en su reporte que, como el inmueble está dividido en dos casas, revisaron uno de los medidores de luz para verificar que el domicilio exacto de Ruffo era el marcado con la letra A. Otro de los detalles que apuntaron es que afuera de su casa hay una caja metálica que probablemente sea del correo postal.
“El masculino que se observó durante la vigilancia ocupa el otro inmueble que está dentro del mismo predio”, señalaron.
El 2 de marzo de este año Jimmy Pineda Velázquez, director general de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entregó a la FGR un reporte de las operaciones bancarias de Ruffo, en el que refiere que localizó cuatro de sus domicilios, cuatro números telefónicos y dos correos electrónicos.
Según el oficio 110/H/300/2026, la UIF reportó que en una de sus cuentas en Intercam, del 1 al 31 de julio de 2025, realizó una compra de inversión por 10 millones 181 mil 150 pesos y una venta de fondos por 9 millones 465 mil 931.96 pesos, compra y retiro que se realizó en menos de un mes.
En otra cuenta del mismo banco, del 1 de julio de 2024 al 31 de julio de 2025, Ruffo recibió dos transferencias por un total de 18 millones de pesos de Ingemar y dos por un acumulado de 700 mil pesos de otra cuenta a su nombre en BBVA.
El reporte de la unidad hacendaria refirió que, según las instituciones financieras, la actividad en las cuentas bancarias de Ruffo a lo largo han sido por servicios profesionales, científicos y técnicos, así como por extracción y beneficio de otros minerales no metálicos, excepto sal.
También, por alquiler de terrenos locales y edificios no residenciales y empleado publico, incluido el Gobierno Federal.
El pasado 23 de abril, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México también le informó a la FGR que Ruffo era propietario de un departamento en un edificio de Calle Río Papaloapan, en la Colonia Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, de esta capital.
María de Lourdes Salazar Jiménez, jefa de Unidad Departamental de Calificación Registral “B” del registro, indicó en el oficio enviado a la Fiscalía que el folio real electrónico relacionado a esta propiedad es el único que halló, tras revisar las bases de datos de los Sistemas FUTUREG y SIGER 2.0.
Las penas millonarias que arriesga el ex Mandatario
Si Ernesto Ruffo Appel fuera hallado culpable de los cargos por delincuencia organizada y huachicol fiscal, el ex Mandatario panista de Baja California arriesga una pena de entre 32 y hasta 57 años de prisión, de acuerdo con la imputación de la Fiscalía General de la República (FGR).
Por el delito de delincuencia organizada, la sanción es de 20 a 40 años de prisión, ya que la FGR lo considera uno de los cinco supuestos líderes de una red de huachicol fiscal integrada por un total de 25 empresarios y agentes aduanales.
En tanto que por el delito cometido en materia de hidrocarburos, se contempla una pena de pena de 12 a 17 años de prisión.
A Ruffo también le imputaron en esta causa judicial el delito de contrabando calificado, sin embargo, debido a que en este caso esa conducta delictiva constituye otro ilícito -la delincuencia organizada-, la sanción se subsume al castigo que contempla ese otro delito.
Ruffo forma parte de un grupo de cinco personas que, de ser hallado plenamente responsable de los ilícitos, sería acreedor a las penas de 32 a 57 años de cárcel.
Los otros son José Merino Valdés Cuervo, José Luis Rangel Martínez y Guadalupe Hernández Hinojosa, el primero presidente y los otros apoderados de Ingemar; y Armando III Riestra Fernández, dueño de Servicios Aduanales JR.
