El incendio en el pozo exploratorio Krem-1 de Pemex, en el municipio de Las Choapas, Veracruz, suma 134 días sin ser sofocado.
El pozo explotó y se incendió el 5 de marzo. Un día después, Pemex informó que durante las actividades de perforación a una profundidad de 3,036 metros se presentó un flujo de hidrocarburos y una fuga de gas en las conexiones superficiales de control, las cuales, sostuvo, fueron atendidas.
“Sin embargo, aproximadamente a las 18:00 horas (del 5 de marzo), se presentó una ignición del gas acumulado en la base del equipo de perforación, provocando el incendio del equipo”, señaló la empresa productiva del Estado.
La empresa afirmó entonces que el incendio había sido controlado, pero el fuego continuó su curso.
El 30 de junio indicó que personal técnico especializado propio y de empresas de servicios mantenían “labores ininterrumpidas para controlar el incidente“.
Y el 9 de julio señaló que los esfuerzos técnicos se enfocan ahora en el cierre definitivo del pozo.
“Se efectuaron exitosamente los cortes de componentes superficiales del pozo empleando tecnología especializada. Esta acción permitirá la instalación de un nuevo sistema de válvulas y tuberías para proceder a detener el flujo y, posteriormente, se procederá a su taponamiento definitivo. Se estima que estas actividades concluyan en los próximos días”, detalló el comunicado oficial.
Una semana después, el incendio permanece activo. En tanto, habitantes de la zona afectada, en el ejido Constitución, han reportado diversas afectaciones a la salud, que incluyen complicaciones respiratorias y fuertes dolores de cabeza acompañados de náuseas.
Impacto socioambiental
El siniestro, afirman, ha impactado a sus árboles frutales y sus pastizales, lo que provocó la muerte de ganado y animales de traspatio de la comunidad afectada.
Para la Alianza Mexicana contra el Fracking hubo una mala evaluación del riesgo que representaba el pozo desde la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en la que se basó la autorización para su apertura.
La MIA, indicó en una nota informativa, consideró que el peor escenario de riesgo era el descontrol del pozo.
“Sin embargo, las conclusiones de la MIA establecen que no existen riesgos de daño para la población y el medio ambiente y que se trata de un riesgo tolerable, sin aportar mayor información. La realidad demuestra que esto no es así”, apuntó la organización ambientalista.
En su comunicado del 30 de junio, Pemex sostuvo que desde las etapas iniciales del evento se tomaron las medidas necesarias para monitorear las emisiones contaminantes, la temperatura y el ruido en la zona de influencia.
“Como parte de las acciones de seguimiento implementadas, la calidad del aire se monitorea de manera permanente mediante instrumentos especializados instalados en dos laboratorios móviles acreditados, operados por personal técnico del Instituto Mexicano del Petróleo”, detalló la institución pública.
“Con base en los resultados obtenidos durante el monitoreo, las concentraciones de emisiones contaminantes se mantienen por debajo de los límites máximos permitidos por la normatividad vigente”, según la información proporcionada.
La Alianza cuestionó de manera frontal la falta de transparencia sobre los resultados del monitoreo atmosférico.
“Pemex afirma que el Instituto Mexicano del Petróleo ha estado midiendo la calidad del aire. Sin embargo, no presenta datos transparentes, horarios, vientos, ubicación y límites de detección. Sin esta información no es posible evaluar si las mediciones captaron picos, exposición intermitente o desplazamiento de oxígeno”, advirtió el organismo civil.
