La Comisión Nacional del Agua (Conagua) puso en marcha la primera etapa de un programa de regularización dirigido a personas físicas, municipios, entidades federativas y organismos vinculados al uso del recurso hídrico, con el objetivo de otorgar certeza jurídica sobre concesiones y asignaciones de agua cuya vigencia concluyó en años anteriores.
Reforma a la Ley de Aguas Nacionales
La medida fue formalizada mediante un acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación, derivado de las recientes modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales. Con esta acción, la dependencia federal busca fortalecer el ordenamiento de los títulos de concesión y garantizar un mejor aprovechamiento del recurso, en concordancia con el derecho humano al agua y las políticas de seguridad alimentaria del país.
¿Quiénes pueden acceder al programa?
De acuerdo con lo establecido, podrán incorporarse a este proceso quienes posean títulos de concesión o asignación que hayan vencido entre el 1 de enero de 2009 y el 16 de julio de 2026, siempre y cuando no hayan gestionado la prórroga correspondiente dentro de los plazos previstos por la legislación vigente.
El esquema contempla concesiones destinadas a usos domésticos, públicos urbanos, agrícolas, pecuarios y de acuacultura, así como combinaciones de estos. Entre los posibles beneficiarios se encuentran los distritos y unidades de riego, ejidos, gobiernos estatales y municipales, además de personas físicas cuyos volúmenes concesionados no excedan un millón de metros cúbicos anuales.
Registro Público Nacional del Agua
Asimismo, el acuerdo considera la posibilidad de que quienes hayan recibido una resolución favorable para obtener un título de concesión o asignación entre abril de 2019 y julio de 2026 puedan solicitar su incorporación al Registro Público Nacional del Agua, en caso de que dicho trámite no se haya concretado previamente.
La estrategia de regularización comenzará formalmente el 16 de julio de 2026 y permanecerá vigente durante un año, concluyendo el 15 de julio de 2027.
Con esta medida, el Gobierno de México pretende fortalecer la administración de los recursos hídricos, brindar mayor seguridad jurídica a los usuarios y avanzar hacia un modelo de gestión sustentable que contribuya al desarrollo social, productivo y ambiental del país.
