La candidatura al gobierno de Chihuahua, que se pone en juego el próximo año, es la más importante que prepara la 4T para competir en 17 estados. Pero no se trata de la fuerza que pueda anteponer el PAN, que hoy gobierna, sino porque ahí se está librando una lucha de poder entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el senador Adán Augusto López Hernández, a través de sus candidatos Pérez Cruz Cuéllar y Andrea Chávez. Los primeros síntomas de esta confrontación salieron la semana pasada, cuando el Partido Verde anunció que únicamente irían en alianza con Morena en el estado si el candidato era Cruz, a quien desea la presidenta en la boleta.
Esta batalla es un nuevo desafío del senador, que ha estado enfrentado con Sheinbaum desde que disputaron la candidatura presidencial en 2024, cuando no entendió que su papel era ser legitimador de una simulación. En esta confrontación, sin embargo, la lucha, que no existiría si el obradorismo no estuviera dividido, la presidenta está corriendo con desventaja por las traiciones que se están dando en su equipo.
La más grave, que se ha venido detallando en este espacio, es la de Iván Silva, cabeza de la consultora Heurística, que trabajó en las campañas presidenciales de López Obrador y Sheinbaum, y de quien hoy es su asesor electoral más importante. Silva es investigado en Estados Unidos por presunta relación con el crimen organizado, al igual que López Hernández y varios de sus cercanos, con quien se ha aliado en Chihuahua. El senador no tiene acceso a la presidenta, que de manera sistemática se ha negado a recibirlo, a diferencia de Silva, que está en el corazón del poder.
El proceso de selección de la candidatura en Chihuahua es visto con enorme interés en varias agencias en Washington, porque en sus investigaciones sobre Silva y López Hernández, han encontrado pistas de que algunas de las factureras que se han estado utilizando para fondear las campañas de Morena para gubernaturas, han sido utilizadas por el Cártel Jalisco Nueva Generación para lavar dinero. El Departamento de Justicia ha estado preparando acusaciones contra al menos un personaje del Grupo Tabasco por sus presuntos vínculos con esa organización criminal, a la que durante el control político que tuvieron en Tabasco y Chiapas en los últimos años, le abrieron la puerta del sureste del país.
En los objetivos de López Hernández, la cabeza de ese grupo, Silva es una figura clave, porque la presidenta lo responsabilizó de la estrategia en al menos 14 de los 17 estados donde se jugará la gubernatura, que incluye el proceso de encuestas de selección de candidata o candidata. La persona que está financiando los procesos, porque el dinero público legal no alcanza, es Fernando Padilla, un empresario nacido en Puebla que hizo su fortuna ahí y en Veracruz. Junto con su hermano Carlo, es muy cercano de Andrés López Beltrán, hijo del expresidente, y desde hace años ha sido operador financiero de López Hernández.
Padilla es el es fundamental en los dineros del Grupo Tabasco, y es quien aportó los recursos a través de una de sus empresas involucrada en el sector de las medicinas, para respaldar la precampaña ilegal de Chávez. Silva se volvió dependiente del dinero de Padilla y en varios estados no está jugando por los intereses de la presidenta, sino del senador. Chihuahua es el ejemplo más claro, porque es el principal objetivo político-electoral de López Hernández para golpear a la presidenta.
La red de financiamiento del senador para las campañas que maneja Silva, que está jugando contra los intereses de la presidenta, se hizo a través de la red de factureros que remplazó al viejo sistema construido por años, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El senador, que tejió junto con sus hermanos desde que era gobernador de Tabasco las primeras líneas de ese negocio oscuro y que a veces cruza los límites de la legalidad, tiene ahora una capacidad de recursos que no están a disposición de las candidaturas que quiere la presidenta.
Silva fue enviado por la presidenta a todos los estados para apoyar a sus candidatos. En Chihuahua la instrucción fue que Cruz, el alcalde de Ciudad Juárez, fuera el ganador de la encuesta. Las mediciones no han resultado favorables, en su mayoría, a Cruz. Pero las encuestas no pueden ser tomadas como una tendencia de cómo va una elección, por la diferencia sustantiva entre varias de las publicadas. Chávez seguía adelante en las preferencias según la última encuesta estatal del El Financiero, aunque la remontada de Cruz en un mes fue asombrosa, aunque en otras mediciones aparece delante de la candidata del senador.
Silva llegó a Chihuahua con una encomienda presidencial que no iba a cumplir. Entre sus primeras acciones fue imponerle a Cruz dos estrategas que habían trabajado por años con el PAN, que no responden a los intereses del alcalde sino a los del equipo de López Hernández. Fueron dos caballos de Troya los que le sembró para descarrilarlo y cubrirse las espaldas cuando lleguen las reclamaciones de la presidenta. Sin los recursos con los que cuenta Chávez y las traiciones a la presidenta, solo un ajuste y un golpe de timón podría reencauzar el rumbo deseado en Palacio Nacional.
La candidatura de Chávez le preocupa a Sheinbaum, que nunca vio con buenos ojos a la senadora. Desde que inició su precampaña le pidió a la entonces líder de Morena, Luisa María Alcalde que la frenara y le dijera que no sería candidata. O Alcalde nunca le dijo nada, o Chávez nunca le hizo caso. La presidenta se reunió hace unos días con la nueva dirigente de Morena, Ariadna Montiel para revistar varias candidaturas que son controversiales, entre las que se encuentra la de la senadora. Se desconoce lo que hablaron, pero en la víspera vino el posicionamiento del Partido Verde, que parece ser parte de la estrategia para impedir que Chávez se haga de la candidatura.
La campaña de Chávez ha sido un dolor de muelas para la presidenta desde hace tiempo, pero no ha podido hacer nada. Incluso, en este momento de definición de candidaturas, se ve con menor poder que López Hernández. Pero es Sheinbaum la presidenta, y estas batallas intramuros, ni siquiera, para quien tenga su investidura, deberían de existir si su poder tuviera consenso.
