La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo públicos tres documentos relacionados con las acusaciones difundidas por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, así como del senador Enrique Inzunza Cázarez y otros exfuncionarios con un grupo delictivo.
Uno de los documentos, dirigido a la Embajada de Estados Unidos en México, señala que la difusión de información por parte del Departamento de Justicia estadounidense podría afectar el desarrollo de eventuales procedimientos de extradición y comprometer el derecho al debido proceso de las personas señaladas.
El oficio, fechado el 30 de abril y firmado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, solicita que en futuras ocasiones se respete la confidencialidad de la información utilizada en solicitudes de extradición entre ambos países.
Los documentos dados a conocer
El segundo documento contiene las líneas de comunicación elaboradas por el Gobierno de México para orientar al personal diplomático sobre la postura oficial frente al caso. En ellas se reitera el respeto a la Constitución, la cooperación bilateral con Estados Unidos y la defensa de la soberanía nacional.
El tercer documento corresponde a una tarjeta informativa elaborada por la Subsecretaría para América del Norte, en la que se describen las acusaciones presentadas por autoridades estadounidenses, los cargos señalados y la relación de las personas requeridas en procesos de extradición.
Mantienen reservadas las notas diplomáticas
La subsecretaria para América del Norte de la SRE, Cristina Planter, informó que la publicación de estos documentos responde a una instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de que inicialmente la dependencia había determinado reservar la información relacionada con el caso por un periodo de cinco años.
No obstante, explicó que las notas diplomáticas permanecerán clasificadas debido a que forman parte de comunicaciones oficiales entre Estados y su difusión podría afectar la cooperación internacional en procesos judiciales en curso. La medida, indicó, se sustenta en la Ley General de Transparencia y en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.
Respecto a la posibilidad de que el exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, pueda ser llamado a declarar, la funcionaria señaló que cualquier determinación corresponderá a la Consultoría Jurídica de la Cancillería, al tiempo que recordó que el personal diplomático acreditado goza de inmunidad conforme al derecho internacional.
