Por donde menos se esperaba saltó una nueva liebre envenenada el martes. La Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionaron a dos mexicanos y a nueve empresas acusadas de contrabandear combustible en beneficio del Cártel Jalisco Nueva Generación. Este tipo de sanciones económicas y alertas al sistema financiero para reforzar sus acciones contra el lavado de dinero no son nuevas, y forman parte de un sistema de vigilancia y respuesta contra individuos y entidades que consideren una amenaza a su seguridad nacional.
El documento del Tesoro subraya que aproximadamente el 30% del combustible en México es de contrabando, pero de manera extraordinaria, por lo inusual, incluye 82 palabras explosivas que advierten: “En México, los cárteles utilizan las ganancias ilícitas de la venta de combustible en el mercado negro para realizar pagos en efectivo a campañas políticas y medios de comunicación mexicanos, con el fin de ayudar a elegir a políticos mexicanos corruptos dispuestos a colaborar con los cárteles para controlar puestos administrativos clave en el gobierno, lo que facilita las operaciones de contrabando de combustible y el acceso a contratos estatales para lavar las ganancias ilícitas de estos esquemas y otras actividades delictivas”.
Es la primera vez que estos organismos del Departamento del Tesoro establecen una relación directa entre las estructuras financieras criminales y la inversión en campañas políticas en México, cuyas consecuencias pueden rebasar el catálogo de sanciones que pueden aplicar la OFAC y el FinCen -que no van más allá de las sanciones económicas-, y las alinean con la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en su primer día en la Casa Blanca, que designó a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, que le otorga a Estados Unidos herramientas legales extraordinarias para combatirlas, como operaciones militares en territorio mexicano.
Las sanciones del Tesoro deben verse como un nuevo mensaje de insatisfacción de Washington a Palacio Nacional por la forma como está manejando el caso del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, acusado de haber llegado al poder con el dinero y la operación electoral del Cártel de Sinaloa, y a quien Estados Unidos solicitó que se le detuviera con fines de extradición. Rocha Moya sigue bajo protección en un rancho al norte de Culiacán, y la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum hasta hoy, es que no se los entregará bajo ningún presupuesto. Importante observar es que solo el Cártel de Sinaloa había sido señalado de intervenir en elecciones; ahora se añadió al CJNG.
Ni la OFAC ni el FinCen abundaron en la imputación, que ayer fue rechazada por la presidenta con el mismo argumento como se ha negado a reconocer que hay políticos de Morena vinculados con el crimen organizado: no hay pruebas. “Así pasó con tres instituciones financieras (contra las que) de manera unilateral el Departamento del Tesoro tomó una medida”, recordó Sheinbaum el señalamiento a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa en junio del año pasado, cuando las definieron de “mayor preocupación” en materia de lavado de dinero y presuntamente vinculadas al tráfico ilegal de fentanilo. Sheinbaum agregó que cuando le pidió su gobierno pruebas para acompañarlos en el proceso, “solo enviaron dos páginas sin pruebas”. La Secretaría de Hacienda, sin embargo, actuó y los intervino. Poco después, las tres instituciones desaparecieron.
La presidenta se quejó que pese a que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda -controlada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch- trabaja con la OFAC y el FinCen, “nunca fuimos informados” y adelantaron un comunicado sin esperar a una boletín conjunto. El Tesoro contrastó sus declaraciones. “Las sanciones”, informó, “fueron diseñadas juntamente con la Unidad de Inteligencia Financiera del gobierno de México”. Lo que probablemente desconocían aquí era el señalamiento que el dinero del huachicol fiscal sirviera para financiar campañas políticas y medios de comunicación para apoyar funcionarios corruptos dispuestos a colaborar con el CJNG.
Es la primera vez que un documento oficial del gobierno de Estados Unidos incluye a medios de comunicación como parte de la red criminal de políticos y el crimen organizado, con lo cual, de acuerdo a cómo funcionan la OFAC y el FinCen, las sanciones pueden extenderse a dueños de medios, sociedades o cooperativas, así como a editores y periodistas que sean señalados como parte de esa red. Pero en el alineamiento de estas acciones con la orden ejecutiva de Trump, los periodistas quedan sujetos a sus mecanismos legales, y pueden ser acusados de terrorismo y capturados incluso en México, al permitir sus leyes la extraterritorialidad.
Igualmente, el nuevo marco de referencia en el que se mueven esos organismos, se refuerza la posibilidad de que Morena y otros partidos, dentro de la coalición gobernante o de oposición, puedan ser declarados como “organizaciones terroristas” si se demuestra que un cártel financió campañas políticas, y enfrentar sanciones a funcionarios y políticos que hubieran facilitado o recibido recursos ilegales.
El señalamiento al CJNG tiene un impacto en 22 estados, y es la fuerza criminal dominante en Guanajuato, gobernado por el PAN; Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano; Michoacán y Nayarit, que gobierna Morena. El partido en el poder está al frente en otros 15 estados: Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Colima, estado de México, Guerrero, Hidalgo, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
La OFAC y el FinCEN suelen actuar con base en investigaciones de inteligencia financiera y de procuración de justicia, y esta operación fue coordinada por la Fuerza de Tareas del Departamento de Segurida Nacional en Texas, que es una iniciativa multiagencias que se creó en noviembfre pasado para desmantelar las organizaciones criminales, los cárteles y las pandillas a lo largo de la frontera con México.
En esa fuerza de tareas participan prominentemente la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, que caza a terroristas en todo el mundo y fue la responsible dse la captura de Ismael El Mayo Zambada; el FBI, que tiene una área de inteligencia en México; la DEA, Migración, Aduanas y los fiscales de las cortes de los distritos Sur y Occidente de Texas, que tienen los casos del huachicol en Tamaulipas.
La reacción de la presidenta Sheinbaum era predecible, pero endeble al no abordar el fondo de la molestia estadounidense y seguir negándose a procesar políticos vinculados con el crimen organizado.
