La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas logró capturar a Andrés “N”, acusado de ofrecer a su hija de 12 años por 25 mil pesos, como parte de una práctica de usos y costumbres que algunas personas mantienen en la comunidad tzotzil Tres Puentes, municipio San Andrés Larrainzar, en la zona de los Altos.
Había pasado un mes desde que el hoy detenido, de oficio agricultor, había obligado a la adolescente a vivir con un hombre de 31 años de edad, a quien también detuvieron.
Fue la madre de la adolescente, de oficio artesana, quien denunció los hechos.
La comunidad Tres Puentes se ubica a 10 minutos de la cabecera municipal, habitan 350 personas, la mayoría hablantes de la lengua tzotzil. Algunos pobladores se dedican a la siembra de maíz, otros frijol, café y hacen artesanías textiles para posteriormente vender.
Investigan el caso bajo el delito de cohabitación forzada
“Lo que se sabe es que en varias comunidades indígenas de Chiapas dan a las niñas por cajas de refrescos, animales como jolotes, pollos, pan, si hay ganado dan un ganado. Esto no se trata de una situación económica, sino de que históricamente, por años, se ha visto a la mujer cosificada, generaciones de mujeres que son violentadas”, lamentó la investigadora del Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) sede San Cristóbal de las Casas, Carla Zamora Lomelí.
El 31 de enero de este año, el Congreso de Chiapas aprobó la reforma al Código Penal de Chiapas en materia de cohabitación forzada, presidido por la diputada Alejandra Gómez Mendoza y con el fin de erradicar los matrimonios infantiles sobre todo en las comunidades indígenas de Chiapas, bajo la práctica de “usos y costumbres“.
“Este el primer caso que investigamos de este tipo penal de delito de cohabitación, somos el único estado que lo tenemos en el código penal, con ello queremos terminar con la venta o entrega de niñas a adultos, ya que Chiapas es el estado con mayor número de embarazo infantil, por ello, tenemos que ser implacables con estos delitos”, dijo a REFORMA, el Fiscal General, Jorge Luis Llaven Abarca.
“Los usos y costumbres no están por encima de ningún niño, niña o adolescente”, señaló.
Especialistas piden atender el problema desde las comunidades
Sin embargo, Lomeli agregó que las cárceles tampoco se pueden llenar de padres pues, en varios casos, son ellos quienes sostienen económicamente a las familias, y esto podría resultar contraproducente.
“Debe haber un trabajo de concientización en las familias, con los líderes comunitarios, con los líderes religiosos, tampoco se trata de crear programas asistenciales porque no soluciona; es difícil porque son años de esta práctica, y debería haber un cambio profundo, no sólo es una cuestión legal, sino entre varios sectores, dialogar las prácticas para que en realidad haya un cambio”, propuso la investigadora.
