Desactivó el Gobierno federal los bloqueos que se tenían programados para la mañana de este miércoles 24 de junio en las principales carreteras del país. Así lo informó la Secretaría de Gobernación en un breve comunicado tras finalizar la mesa de negociación con los transportistas.
En el caso de Querétaro, se esperaba una concentración en la caseta de Palmillas y otra en los carriles laterales de la carretera 57 a la altura de El Papanoa, en la capital queretana.
Por parte de los transportistas, se informó que tras los acuerdos, se comprometieron a no realizar bloqueos ni cierres viales durante sus jornadas de movilización. De igual manera, la Federación hizo un llamado a la responsabilidad social y al respeto al derecho del libre tránsito de las y los mexicanos.
Protesta será pacífica
Desde antes de que se diera a conocer el posicionamiento de la organización a nivel nacional, en lo local, el representante de la Alianza Mexicana de Transportistas, Gerardo Gutiérrez, aclaró que no se realizarán bloqueos en las carreteras federales, pues no recibieron indicaciones por parte de los representantes a nivel nacional.
“La gente está con esta idea de cerrar, pero por órdenes de nuestros líderes, en especial de Rafael López Pacheco, nos dijo que no, que sea una protesta pacífica”, comentó.
Las demandas de los transportistas se concentran en nueve puntos.
Reclaman seguridad y menos abusos
Exigen mayor seguridad en las carreteras, donde aseguraron que se vive la peor etapa de violencia en las vías nacionales, con poca o nula presencia de la Guardia Nacional.
También denunciaron abusos y cobros excesivos por servicios de grúas a nivel federal y estatal.
Asimismo, pidieron el cese al cobro de cuotas municipales para ingresar a las ciudades.
Demandaron establecer tarifas oficiales para la operación de las unidades de transporte.
Señalaron la excesiva burocracia en la tramitología ante la SICT para la renovación de placas y licencias.
Denunciaron además extorsiones en los retenes federales y militares hacia los operadores.
Exigieron la dotación de placas y la actualización de documentos para aquellas unidades que ya se encuentran registradas en el sistema de la SICT.
Pidieron modificar el Artículo 133 BIS 3-A de la Ley Nacional de Aguas, al considerar que castiga a los transportistas por el traslado del vital líquido.
Finalmente, demandaron un alto a la persecución de los pequeños transportistas por parte de la Guardia Nacional y de las policías estatales y municipales.
