El Gobierno de Sinaloa solicitó al Congreso local autorizar una pensión por retiro anticipado para Alberto Jorge Contreras Núñez, ex mando policiaco señalado por Estados Unidos de presunta protección a “Los Chapitos”.
La iniciativa fue enviada por la Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, quien pidió a los diputados aprobar el beneficio para el mando policiaco adscrito a la Comisaría General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado.
“Se le otorgue el derecho de Pensión por Retiro Anticipado, habiendo acreditado debidamente su derecho a dicha prestación mediante las probanzas necesarias”, indica el documento.
La propuesta establece que se conceda al funcionario una pensión mensual de 67 mil 477.75 pesos.
El proyecto también plantea modificar la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa para 2026 a fin de contemplar el pago correspondiente.
Acusaciones de la justicia estadounidense
Contreras Núñez es requerido por la justicia estadounidense debido a que presuntamente recibió pagos mensuales de los hijos de “El Chapo”; asimismo, se le señala de ordenar la libertad de miembros de “Los Chapitos”.
En 2022 fue inspector general en Combate al Secuestro y de noviembre de 2022 a febrero de 2026, comisario de la corporación.
Los cargos que le imputan en Estados Unidos son conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
REFORMA publicó en abril que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó una acusación formal contra 10 funcionarios mexicanos, entre ellos el entonces Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por delitos de narcotráfico y armas.
Los señalados habrían conspirado con el Cártel de Sinaloa para introducir drogas a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.
El Fiscal federal Jay Clayton y el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, informaron que los acusados -funcionarios en activo y retirados- enfrentan cargos por su presunta participación en operaciones de tráfico de narcóticos. El caso fue asignado a la jueza Katherine Polk Failla.
