El presidente municipal de Corregidora, Josué David Guerrero Trápala, presentó en el Senado de la República la iniciativa “Querétaro por la Seguridad y la Justicia Especializada frente a Delitos de Alto Impacto cometidos por Adolescentes”, con la finalidad de fortalecer el marco legal para atender casos excepcionales de violencia grave protagonizados por menores de edad y combatir la impunidad.
Durante su visita a la Cámara Alta, el alcalde sostuvo un encuentro con el senador Ricardo Anaya Cortés, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a quien entregó la propuesta para su análisis.
La iniciativa ya había sido impulsada previamente ante el Congreso local de Querétaro.
Coordinación legislativa y objetivos de la propuesta
“Entregué la propuesta de iniciativa de Ley que presenté en el Congreso Local para juzgar con medidas más severas a los menores que cometen delitos graves.
Coincidimos en la necesidad de buscar mecanismos que permitan detener la violencia que enfrenta nuestro país, cuidar a nuestros jóvenes, proteger a las familias y garantizar que nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes crezcan seguros y con oportunidades para construir un mejor futuro“, señaló Guerrero Trápala.
La propuesta surge ante el incremento de la violencia juvenil, el reclutamiento de adolescentes por parte de grupos criminales y la participación de menores en delitos de alto impacto. De acuerdo con el planteamiento, las herramientas jurídicas vigentes fueron diseñadas para un contexto distinto, por lo que se requiere una actualización que permita responder a las nuevas dinámicas de violencia.
Entre los principales puntos de la iniciativa se encuentra la posibilidad de aplicar medidas más severas en casos de homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro y delincuencia organizada, siempre bajo criterios de proporcionalidad, evaluación individualizada, supervisión judicial y atención especializada.
Criterios de evaluación y reinserción social
Asimismo, se propone que cada caso sea analizado de manera particular, tomando en cuenta factores como el entorno familiar, la historia personal, el desarrollo psicosocial, antecedentes de violencia, situaciones de acoso escolar y riesgos de reincidencia, con el objetivo de garantizar resoluciones acordes con las circunstancias de cada adolescente.
La iniciativa también contempla diferenciar entre quienes fueron víctimas de reclutamiento o coacción por parte de organizaciones criminales y aquellos que participaron de forma voluntaria en la comisión de delitos, a fin de ofrecer un tratamiento jurídico más justo y adecuado a cada situación.
El planteamiento mantiene el enfoque de reinserción social para las juventudes, pero busca fortalecer las capacidades del Estado para proteger a las familias y responder con mayor eficacia frente a conductas delictivas de alto impacto.
