La audiencia judicial de Nicolás Maduro y su esposa Cecilia Flores, prevista inicialmente para el próximo 30 de junio en una corte federal de Nueva York, fue aplazada hasta el 22 de julio a petición de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
La solicitud fue presentada por el fiscal federal Jay Clayton ante el juez Alvin K. Hellerstein, quien lleva el proceso contra la pareja venezolana. De acuerdo con el documento judicial, la petición cuenta con el consentimiento de los abogados defensores.
La Fiscalía argumentó que el cambio de fecha responde a problemas de programación y a la necesidad de garantizar medidas adecuadas de transporte seguro y seguridad para los acusados durante su traslado al tribunal.
Fiscalía busca avanzar en la revisión de pruebas
Según la comunicación enviada al tribunal, el aplazamiento también permitirá que la Fiscalía continúe con la entrega de evidencias que respaldan la acusación y que la defensa disponga de más tiempo para revisar el material y preparar posibles mociones previas al juicio.
Además, el Gobierno estadounidense solicitó que el periodo comprendido entre el 30 de junio y el 22 de julio quede excluido del cómputo establecido por la Ley de Juicio Rápido de Estados Unidos, una práctica habitual en procesos complejos para facilitar el intercambio de pruebas.
Maduro y Flores permanecen detenidos en una prisión federal de Nueva York desde enero de este año, mientras enfrentan cargos relacionados con narcoterrorismo, conspiración para exportar drogas y delitos vinculados al uso de armas, acusaciones de las que ambos se han declarado no culpables.
Continúa la batalla legal de la defensa
El proceso judicial ha registrado varios aplazamientos durante los últimos meses, mientras las partes discuten aspectos relacionados con la presentación de pruebas y el financiamiento de la defensa legal.
Recientemente, la defensa obtuvo autorización para que el Gobierno venezolano pueda cubrir los gastos legales de los acusados, aunque el tribunal estableció restricciones respecto al manejo de información sensible dentro del expediente.
Entre esas limitaciones figura la prohibición de compartir determinadas pruebas con otros coacusados que permanecen fuera del alcance de las autoridades estadounidenses y que también forman parte de la investigación.
