Paola Gárate llegó ayer a la Ciudad de México con miedo, temiendo por su vida. La semana pasada le dejaron una corona fúnebre en la puerta de su casa, una amenaza que se codificó en la Colombia de Pablo Escobar como “te vamos a matar”. Gárate, diputada local por el PRI, llegó a ese punto por sus denuncias sobre la participación del Cártel de Sinaloa en las elecciones en ese estado en 2021 que llevaron a Rubén Rocha Moya a la gubernatura, donde ella fue víctima de un secuestro para sacarla de la contienda, se visibilizaron nacionalmente hace unas semanas por la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 servidores públicos sinaloenses por esos hechos. Desde hace seis años el actuar de Gárate ha sido valiente y rayando en la temeridad. Hasta ayer.
Con la pistola en la frente, porque eso es lo que significó la corona fúnebre, Gárate salió de Sinaloa por tiempo indefinido. Dice que no se sentía segura. Es peor lo que estaba viviendo. El Estado mexicano, como a Carlos Manzo, la abandonó a su suerte. A finales de mayo solicitó protección a la presidenta Claudia Sheinbaum, y a los secretarios de la Defensa, Seguridad y Gobernación. Ni siquiera tuvo una respuesta institucional. Insistió ante el general secretario, Ricardo Trevilla, que realizaran un análisis de riesgo para determinar la protección.
La respuesta se la dio el general Julices Julián Tadeo González, coordinador de la Guardia Nacional en Sinaloa, que la citó en su oficina y le pidió “estar en contacto con él”. De la protección 24/7 solicitada, ni una palabra. Si salía a carretera, agregó, le dijera para “ver” si había elementos que pudieran estar por la zona, porque lo único que tendría sería el acompañamiento de elementos de la Guardia Nacional para traslados oficiales o cuando existieran riesgos. ¿Cómo determinan el riesgo? Gárate está en riesgo permanente. González dijo que por instrucciones superiores no podía hacer nada más, y cuando le pidió que se lo diera por escrito, se negó.
Ninguna prueba de la omisión criminal del gobierno. El general se burló de una persona que se encuentra en el umbral de un asesinato. El miércoles pasado, cuando le dejaron la corona fúnebre le habló. Le envió una patrulla que llegó después de la policía local llamada a través del 911. La patrulla la iba a proteger de manera parcial, pero dejó de hacerlo el sábado, luego que la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, afirmó que contaba con protección estatal y federal. Falso.
No entiende nada el gobierno, o están dispuestos a pagar el costo de más asesinatos políticos por el simple hecho que son oposición. Gárate ha sido muy cuidadosa en sus denuncias de no meterse con ninguna de las facciones del Cártel de Sinaloa en guerra. Se ha enfocado en los políticos corruptos vinculados al crimen organizado. ¿Quién podría tener más interés en asesinarla? Definitivamente, no el Cártel. Su problema, se ha documentado durante seis años, no es el crimen organizado, sino los políticos de Morena vinculados a él, o que son parte estructural del Cártel. En octubre del año pasado le pusieron una pistola en la cabeza y le robaron su camioneta. Quien lo hizo iba vestido de traje –“parecía empresario”, recuerda-, y sus dos acompañantes iban en una Toyota RAV4, que apareció en una gasolinera. Quien le dijo dónde estaba no fue la policía, sino una diputada de Morena.
El gobierno no aprendió nada del asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan ejecutado la noche del Día de Muertos en una festividad local el año pasado, a quien tampoco le quisieron dar protección federal, pese a pedirla insistentemente. Su asesinato provocó una crisis de credibilidad y legitimidad sobre la estrategia presidencial de seguridad, y puso la sospecha en figuras michoacanas de Morena sobre la autoría intelectual. Desde entonces, todo se ha profundizado, proporcionalmente a la insensibilidad del gobierno y a su cierre de filas para blindar a una decena de políticos sinaloenses acusados de vínculos con el crimen organizado.
La discrecionalidad del gobierno sobre a quiénes sí se protege y quiénes son desechables, es inaceptable. ¿qué sucedería si Paola Gárate es asesinada? Su muerte llegaría a la presidenta, no por ser culpable, sino por ser responsable. Previamente a la ejecución de Manzo, tanto la presidenta como miembros del gabinete de seguridad llegaron a burlarse de sus insistentes llamados a que hicieran lo que fuera para frenar al Cártel Jalisco Nueva Generación, y tras su muerte, pretendió politizar el crimen. Su asesinato, sin embargo, se les estrelló en la cara.
El asesinato le costó mucho a la presidenta. Javier Tejado escribió en su columna de El Universal días después, que en solo 48 horas el volumen de mensajes sobre el asesinato de Manzo sumaba el 70% de los registrados en 21 días por el campo de exterminio en Teuchitlán: 16 millones, 65% de ellos negativos y solo 2% positivos. “Es la peor crisis mediática y digital” del gobierno federal, subrayó. No hay muerto que valga menos, pero el contexto en el que se realizó el de Manzo era muy distinto al que el gobierno de Sheinbaum enfrenta en la actualidad.
Se puede argumentar que la ejecución de Gárate tendría un mayor impacto, por la trascendencia internacional en un momento donde la ejecución de Manzo puso los asesinatos de políticos opositores bajo la observancia y escrutinio de varios gobiernos. Pero también, porque su caso es uno de los que utilizó el Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Rocha Moya y otros nueve servidores públicos en Sinaloa. Uno de ellos, el exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida, con quien se enfrentó Gárate, se entregó a los fiscales y está negociando ser testigo cooperante en Nueva York. El perfil de la diputada lo realza la columna vertebral de la acusación de la Administración Trump. Que la asesinen, sería como un disparo directo a Palacio Nacional.
Si la amenaza se traduce en su asesinato, la presión sobre la presidenta y el gobierno será enorme, porque dado el antecedente de Manzo, ejecutado por la negligencia de las autoridades federales, una repetición de aquel episodio, con la alerta que hizo Gárate sobre el reciente mensaje de muerte y los antecedentes de las denuncias de vínculos criminales de funcionarios sinaloenses con el crimen organizado, cobraría una dimensión que no parece estar viendo la presidenta.
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