La explosión de cuatro autotanques, presuntamente utilizados para el trasiego ilegal de gas LP en Tepeaca, Puebla, que este jueves dejó al menos tres personas lesionadas, volvió a exhibir el impacto del llamado huachigas más allá de las pérdidas económicas para la industria energética.
El incendio, que generó una columna de humo visible a varios kilómetros y obligó al desalojo del Hospital General de Tepeaca, la Preparatoria 2 de Octubre, el Centro Escolar General Miguel Negrete Novoa y viviendas cercanas, evidenció los riesgos que representa la operación de redes clandestinas de almacenamiento y distribución de combustible robado en zonas urbanas.
El caso resulta especialmente relevante porque ocurrió en el municipio con el mayor número de tomas clandestinas de gas LP del país. Durante el primer trimestre de 2026, Tepeaca registró 44 perforaciones ilegales en ductos, de acuerdo con datos de Pemex procesados por el Observatorio Ciudadano IGAVIM.
Más allá de las investigaciones sobre el origen de las unidades siniestradas, el episodio mostró una de las consecuencias más visibles del robo de gas LP: el riesgo permanente para escuelas, viviendas y comunidades donde opera esta economía ilegal.
A diferencia del robo tradicional de combustibles, el huachigas requiere una red de almacenamiento, transporte y distribución para llegar al consumidor final. Esto implica bodegas, predios, vehículos, rutas de traslado y puntos de venta que suelen operar en zonas habitadas.
El fenómeno sigue en aumento
Los datos muestran que el fenómeno mantiene una tendencia al alza. Durante el primer trimestre de 2026 se detectaron 299 tomas clandestinas de gas LP en el país, un incremento de 6.79 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. En promedio, se localizó una toma ilegal cada siete horas y 19 minutos.
Puebla concentra el principal foco rojo nacional con 157 tomas clandestinas, equivalentes a más de la mitad del total registrado en el país. Le siguieron Estado de México, Veracruz, Guanajuato y Tlaxcala.
El mapa municipal refuerza la dimensión local del problema. Después de Tepeaca aparecen Tlahuapan, con 30 tomas clandestinas; Polotitlán, Estado de México, con 25; y Tepetlaoxtoc, con 21.
Para especialistas, el fenómeno ya no puede medirse únicamente por el número de perforaciones ilegales. La venta clandestina de gas LP genera competencia desleal para las empresas formales, evasión fiscal, distorsiones en los precios y una fuente constante de ingresos para organizaciones criminales.
IGAVIM advierte que, aunque el robo de gas LP se concentra en ocho entidades, sus efectos alcanzan regiones vecinas y fortalecen economías ilícitas que dependen de redes locales de almacenamiento y distribución.
Washington pone atención al problema
Lo que ocurre en México no ha pasado desapercibido en Washington. El crecimiento del robo y contrabando de combustibles ha abierto un nuevo frente en la relación bilateral.
Apenas la semana pasada, los senadores estadounidenses Jacky Rosen y John Cornyn presentaron una iniciativa bipartidista para obligar al Departamento de Defensa a informar al Congreso sobre las acciones emprendidas contra organizaciones criminales involucradas en el tráfico de hidrocarburos en México.
La propuesta refleja cómo el robo y contrabando de combustibles ha escalado en la agenda de seguridad de Washington y ha dejado de verse como un problema exclusivamente energético para convertirse en un asunto vinculado al crimen organizado, el contrabando y la seguridad regional.
La preocupación surge además en vísperas de la revisión del T-MEC, donde el sector energético figura entre los temas sensibles para Estados Unidos. Aunque el huachicol no forma parte formal de los capítulos comerciales del acuerdo, analistas consideran que la presión para reforzar la trazabilidad de combustibles, la supervisión aduanera y el combate a las redes criminales seguirá aumentando.
Mientras las autoridades investigan las causas de la explosión en Tepeaca, el episodio dejó en evidencia que el huachigas ya no es sólo una estadística de tomas clandestinas ni un problema para Pemex. Se trata de una actividad que pone en riesgo a la población, fortalece economías criminales y comienza a generar repercusiones políticas incluso fuera de México.
