ENCUENTRO CIUDADANO
Los informes opacos
Desde los primeros años de vida independiente, en nuestro país los gobernantes han informado al Congreso sobre el estado que guarda la Nación. Los primeros informes no tuvieron reglamentación definida e incluso Iturbide presentó dos informes: en noviembre de 1822 y en marzo de 1823. Un año después al ser creada la Primera República Federal y promulgada la Constitución de 1824, en sus artículos 67 y 68 dispuso que anualmente se reuniría el Congreso el 1º de enero con la asistencia del presidente de la Federación. Siguiendo este ordenamiento, el 1º de enero de 1825, el presidente Guadalupe Victoria presentó el primer Informe Presidencial de la historia de México en la apertura de sesiones del Congreso General, e inició la tradición de informar verbalmente al Congreso. A partir de ese año, 65 presidentes lo hicieron así, hasta que Felipe Calderón Hinojosa sólo envió de manera deslucida al Congreso su segundo informe por escrito. En la Constitución de 1917, el artículo 65 y el 69 se dispone que “a la apertura de sesiones del Congreso, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito. En la década de los años 20’s, bajo los gobiernos de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, la ceremonia del Informe adoptó un formato que con pocas variantes evolucionaría hasta 2007. Así, los informes presidenciales se fueron convirtiendo en una ocasión para mostrar la fuerza, solidez, cohesión y disciplina del sistema político nacional en torno a la figura del Presidente de la República. Además, se fueron adhiriendo una serie de prácticas paralelas a la ceremonia principal, que se fue transformando así en un ritual complejo y elaborado, ejemplo de la cultura política presidencialista, convirtiendo el día del informe en “el día del Presidente”, la fiesta por excelencia del presidencialismo mexicano.
El 15 de agosto de 2008 se publicó la reforma al artículo 69 constitucional, en la que se suprimió la obligación del Presidente de asistir a la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso, dándose por terminado lo que quedaba de la ceremonia organizada para un solo hombre.
Por otra parte, uno de los ejes de la cultura política era la burda copia del ceremonial en los estados, donde el protocolo, el oropel, la presencia de las fuerzas vivas se daban cita en el informe estatal, convertido en “el día del Gobernador”. Pocos estados han variado esta costumbre y con la fuerza del aparato de gobierno y el apoyo de la maquinaria partidista, sigue presente la costumbre de adular al titular del ejecutivo del estado, y ahora hasta a los presidentes municipales. El protocolo de los informes son la alfombra roja, que se convierte en una pasarela de quienes pretenden estar en la escena política. A los informes asisten estratégicamente personajes que pretenden o muestran su cercanía al poder. Toda la clase política y empresarial va al Informe y asisten al evento para impulsar sus aspiraciones políticas y sus intereses económicos. El formato que se utiliza no es un ejercicio que promueva la rendición de cuentas, y que permita que se escuchen las voces de las diferentes fuerzas políticas. El esquema de informe ciudadano es sólo un adorno, lo que se busca es privilegiar la figura de un ciudadano únicamente. Es indispensable que el formato cambie, a fin de que haya una mayor transparencia en la rendición de cuentas, ya que es sano que se escuche la percepción de las fuerzas opositoras representadas en el Congreso y los Cabildos, a fin de forzar la rendición de cuentas objetiva y real, ya que el adeudo de información en materia de seguridad, movilidad, empleo y transparencia, son el rezago de la actual administración. En el Índice Nacional de Órganos Garantes de Acceso a la Información Pública (Inogdai), realizado por las organizaciones México Infórmate y Artículo XIX, el estado de Querétaro fue ubicado en el lugar número 27 de 32 por los magros resultados de la entonces Comisión Estatal de Información Gubernamental de la entidad. Mientras que por haber aportado un 56% de la información acerca de cuánto, cómo y en qué gasta los recursos públicos, Querétaro ocupó el lugar 28 de 32 en el Índice de Información Presupuestal 2016 del IMCO. Los gobiernos municipales de Querétaro están lejos de cumplir con las obligaciones de la Ley estatal de Transparencia y la normatividad federal existente, por qué ni siquiera difunden información relacionada con el uso de los recursos públicos, como el tabulador de remuneraciones; gastos de representación y viáticos; gastos de comunicación social; el monto ejercido para los programas de apoyo, la lista de beneficiarios; entre otros. Lo que la gente exige ahora es que sus gobiernos den resultados. Para ello es urgente demandar la rendición de cuentas, tanto en el ámbito federal como en los gobiernos estatales y municipales. Porque de hecho la percepción es el de a pesar de las continuas reformas, se tiene un estado vacío, al no producir gobiernos eficaces y honestos.
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