Un juez federal dictaminó el viernes que el nombre del Presidente Donald Trump fue añadido ilegalmente al Centro Kennedy y le prohibió a la administración cerrar el recinto cultural y artístico con el fin de realizar grandes renovaciones.
El juez de distrito Christopher Cooper, en Washington, D.C., determinó que la votación del 16 de marzo de la junta directiva del Kennedy Center para cerrar las instalaciones fue “mal informada y aparentemente predeterminada“, sin tener en cuenta sus obligaciones legales.
“Los fideicomisarios podrían haber evaluado la conveniencia del cierre de varias maneras prudentes. Esta no fue una de ellas”, escribió Cooper.
La junta, añadió, “se excedió de lo permitido” al añadir unilateralmente el nombre de Trump al centro. El Congreso le dio su nombre al Centro y solo el Congreso puede cambiarlo, señaló.
Roma Daravi, vicepresidenta de relaciones públicas del Kennedy Center, manifestó el viernes que la institución está “confiada en que, en apelación, el tribunal respaldará la voluntad de la junta de reconocer las contribuciones históricas del presidente Trump a nuestro centro cultural nacional“. Indicó que la decisión sería revisada “cuidadosamente”.
“Aunque la realidad sigue siendo que el Centro requiere una restauración urgente y significativa -una verdad que incluso el demandante reconoce”, declaró Yaraví
“Con 257 millones de dólares asegurados por el presidente Trump y aprobados por el Congreso, los recursos están disponibles y seguimos comprometidos a agotar todas las vías legales para garantizar que el Centro Trump Kennedy sea restaurado como un hito cultural nacional para que todos los estadounidenses lo disfruten“.
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Cooper celebró audiencias a finales de abril sobre demandas paralelas que impugnan el proyecto. Una fue presentada por un grupo de organizaciones culturales y de preservación histórica.
La otra la interpuso la representante Joyce Beatty, demócrata de Ohio que funge como miembro ex oficio de la junta del Centro Kennedy. Falló a favor de la solicitud de Beatty, pero rechazó la otra impugnación.
Abogados del Departamento de Justicia sostuvieron que los planes de renovación del edificio son de alcance limitado y están plenamente dentro de la autoridad de la junta para llevarlos a cabo sin necesidad de aprobaciones externas.
