La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó a la Embajada de Estados Unidos en México la salida de los dos agentes de la CIA que participaron en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en Chihuahua, llevado a cabo en abril.
“Se pidió a la Embajada (de EE.UU.) que se retiraran del país. A través de una nota, y se retiraron”, informó en la conferencia matutina de Palacio Nacional.
La mandataria mexicana afirmó que en el operativo en Chihuahua participaron un total de cuatro agentes estadounidenses, de los cuales dos murieron en un accidente automovilístico y los dos que salieron del país tras la petición del Gobierno de México.
Sheinbaum Pardo explicó que los agentes de la CIA ingresaron legalmente a México con pasaportes diplomáticos y en calidad de turistas, pero que no avisaron a su Gobierno que llevarían cabo acciones de inteligencia.
“Si vienen (los agentes) a hacer labores de inteligencia hay un procedimiento, un protocolo, para que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Gabinete de Seguridad se apruebe su licencia o su estadía para hacer labores de inteligencia. Entonces, ellos entran legalmente a México, pero no se registraron para el caso de que llevaran a cabo labores de inteligencia”, destacó.
Recalcó que tras un diálogo entre la Embajada de Estados Unidos y la Secretaría de Relaciones Exteriores se tomó la decisión de que los dos agentes se retiraran del país.
El caso de los agentes estadounidenses en Chihuahua deriva del desmantelamiento de un laboratorio clandestino en el municipio de Morelos, donde fueron localizados más de 55 mil litros de sustancias líquidas, más de 50 toneladas de precursores químicos sólidos y cerca de dos mil litros de metanfetamina.
La controversia aumentó tras un accidente posterior al desmantelamiento en el que murieron cuatro personas, entre ellas dos estadounidenses, presuntamente de la CIA, cuya presencia en el operativo no fue informada al Gobierno federal.
La presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua derivado en una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) para determinar si hubo delitos en materia de seguridad nacional.
