La Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro (DDHQ) apoyará con argumentos técnicos y legales para atender las observaciones realizadas por el gobernador Mauricio Kuri González, tras el veto a la Ley de Identidad de Género, impulsada por ciudadanos y por el propio organismo autónomo.
A través de un comunicado, la Defensoría informó que acompañó a la Legislatura del Estado de Querétaro en cada etapa del proceso, con el objetivo de que la ley cumpliera con los criterios establecidos en materia de derechos humanos.
“(La defensoría) estuvo presente en cada etapa del proceso y puso a disposición de la Legislatura del Estado su capacidad institucional para garantizar que el instrumento normativo respondiera con rigor a los estándares sobre derechos humanos que el ordenamiento jurídico impone”, compartió la Defensoría.
En este sentido, el organismo señaló que el Estado tiene la obligación de garantizar que todas las personas puedan ser reconocidas conforme a su identidad, de acuerdo con los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y con base en el principio de dignidad humana.
“El reconocimiento de la identidad de género no constituye una concesión discrecional del Estado, es un mandato jurídico obligatorio, derivado del bloque de constitucionalidad y convencionalidad en materia de derechos humanos”, agregó la DDHQ.
Por su parte, añadió que el reconocimiento de la identidad de género es necesario para que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos humanos, ya que sin este enfrentan una contradicción en su vida diaria, pues pueden ser reconocidas en su entorno familiar, social y comunitario, pero no ante el Estado.
Asimismo, la DDHQ expuso que reconoce y respeta la facultad constitucional del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro para formular observaciones a este instrumento normativo.
Finalmente, mencionó que el proceso legislativo sobre la Ley de Identidad de Género continuará conforme a la normatividad vigente, por lo que estará pendiente para determinar las acciones que puedan seguir en el marco de sus facultades.
“Nuestra posición es y seguirá siendo la misma: el respeto irrestricto a los derechos humanos de todas las personas, el apego al marco constitucional y convencional, y el acompañamiento permanente a quienes más lo necesitan”, enfatizó la Defensoría.
