El consejero electoral Martín Faz criticó que se busque imponer al INE una tarea de seguridad que no le corresponde, al crear una comisión que detecte candidatos con nexos delictivos.
Además, advirtió, hasta el momento la propuesta deja muchas dudas sobre su implementación y eficacia.
“Nos están trasladando la responsabilidad, el problema. Efectivamente hay un problema: ¿cómo hacemos para que el crimen organizado no se infiltre en las candidaturas y en la estructura política?
“Sin embargo, involucrar a la autoridad administrativa en mecanismos que tienen que ver con temas de seguridad, de inteligencia, sinceramente es riesgoso. Se desnaturaliza al Instituto Nacional Electoral como una autoridad administrativa porque queda incorporada a un procedimiento de evaluación preventiva de riesgos criminales. Eso es incorrecto”, afirmó.
Actualmente, el Instituto tiene la atribución de revisar los requisitos de los candidatos a cargos federales, entre ellos, verificar que no tengan antecedentes penales, tengan alguna sentencia u orden de aprehensión.
La comisión propuesta desde la Presidencia de la República, aseguró, pudiera no funcionar porque únicamente será “intermediaria” y al final el partido decidirá si entrega o no la candidatura.
Tampoco queda claro cómo se determinará que un candidato tiene un “riesgo razonable“, qué sucederá si las autoridades involucradas no entregan información y si se creará una comisión similar para los institutos electorales locales o el INE se hará cargo de todos.
El consejero Martín Faz consideró que otro problema será la implicación jurídica de que autoridades en seguridad compartan información de carácter confidencialidad, al estar dentro de una investigación.
E incluso, consideró, podría violentarse el derecho de los aspirantes de ser votados y la presunción de inocencia si no existe una resolución judicial firme.
“La decisión final de registrar esos candidatos permanece en manos de los partidos. No nos están dando, al INE, una atribución de negar un registro, somos una especie de intermediarios. Entonces, tampoco pareciera que este mecanismo tenga la eficacia suficiente.
“¿Cómo vamos a determinar eso de ‘riesgo razonable’? No hay ni una definición, hay una ambigüedad jurídica. ¿Cuáles son esos parámetros objetivos, no subjetivos, o los estándares probatorios o la metodología para determinar que un candidato tiene un riesgo razonable?”, cuestionó.
En la elección del 2027 estarán en juego alrededor de 19 mil cargos, entre gubernaturas, diputaciones federales, locales, Alcaldías, regidurías y sindicaturas.
