El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, envió una terna compuesta por tres perfiles para relevar a Benjamín Vargas Salazar al frente de la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción.
La terna, que fue remitida a la LXI Legislatura de Querétaro, está compuesta por Juan Manuel Martínez López, María Elena Guadarrama Conejo y Carlos A. de los Cobos Sepúlveda.
- Juan Manuel Martínez es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y maestro en Sistema Penal Acusatorio por la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE).
- María Elena Guadarrama es licenciada en Derecho por la UAQ y cuenta con una especialidad en Archivística por la Escuela Mexicana de Archivos.
- Carlos de los Cobos es doctor en Derecho por la Universidad Panamericana (UP), con mención honorífica, y especialista en Derecho Constitucional y Amparo.
La terna fue enviada este martes al Congreso de Querétaro, como lo establecen los artículos 30 Bis y 30 Ter de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, para su análisis y votación por parte de los 25 legisladores.
Mauricio Kuri destacó que las personas propuestas cuentan con la preparación, trayectoria y compromiso para asumir esta responsabilidad al frente de esta Fiscalía, que comenzó a operar en 2017.
De acuerdo con la descripción de esta área en la página web de la FGE, el objetivo del fiscal anticorrupción es perseguir los delitos en materia de corrupción, procurar que los responsables no queden impunes y que se repare el daño.
Entre los delitos que investiga esta área se encuentran el desempeño ilícito del servicio público, abandono del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades del servicio público, abuso de autoridad e intimidación.
También se investigan la coalición de servidores públicos, peculado, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencia.
Asimismo, se busca sancionar operaciones con recursos de procedencia ilícita en materia de corrupción, delitos contra la administración de justicia por hechos de corrupción, evasión de personas aseguradas, promoción de conductas ilícitas y adquisición u ocultación indebida de recursos públicos.
