La degradación de la calificación crediticia de México anunciada esta semana por Standard & Poor’s no es un hecho aislado ni una reacción exagerada de los mercados internacionales; es, en realidad, el resultado lógico de una trayectoria fiscal que desde hace varios años viene acumulando tensiones, desequilibrios y decisiones de política pública que privilegian el corto plazo político sobre la sostenibilidad financiera. La reducción a BBB –nivel más bajo dentro del grado de inversión-, coloca al país en una posición delicada, donde cualquier deterioro adicional podría empujarlo hacia el terreno especulativo, con consecuencias directas en el costo del financiamiento, la inversión extranjera y la estabilidad macroeconómica.
Para entender la dimensión del problema, es necesario ir más allá de la cifra y analizar las causas estructurales que han llevado a este escenario. La política fiscal de los gobiernos federales emanados de Morena ha estado marcada por un incremento sostenido del gasto público, acompañado de una narrativa de austeridad que, en los hechos, no se refleja en el balance general de las finanzas públicas. Se ha reducido gasto operativo en ciertas áreas del gobierno, sí, pero se ha expandido de manera significativa el gasto en proyectos emblemáticos y en programas sociales de transferencias directas, generando un efecto de presión permanente sobre el presupuesto.
Uno de los elementos centrales de esta presión es la apuesta por obras de infraestructura de gran escala cuya rentabilidad económica ha sido ampliamente cuestionada. La Refinería de Dos Bocas, concebida como un símbolo de soberanía energética, ha enfrentado sobrecostos multimillonarios, retrasos en su ejecución y dudas razonables sobre su viabilidad en un contexto global que transita hacia energías limpias. A ello se suma el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), cuya operación se mantiene por debajo de las expectativas proyectadas, sin lograr consolidarse como un verdadero detonador económico regional.
Estos proyectos, lejos de constituir activos productivos en el corto plazo, se han convertido en cargas financieras que presionan el gasto público sin generar los ingresos esperados. En términos presupuestales, esto se traduce en un uso ineficiente de recursos que podrían haberse destinado a sectores estratégicos como salud, educación o infraestructura con mayor retorno social y económico.
A esta situación se suma el crecimiento acelerado del gasto social, particularmente en programas de becas y apoyos directos. Si bien estos instrumentos pueden tener una justificación en términos de política redistributiva, su expansión ha carecido de una planeación financiera de largo plazo. No existe una correspondencia clara entre el aumento del gasto y la capacidad estructural del Estado para financiarlo de manera sostenible. El resultado es un déficit público creciente que, año con año, obliga al gobierno a recurrir a mayores niveles de endeudamiento.
Aquí radica uno de los puntos más delicados señalados por Standard & Poor’s: el deterioro en la disciplina fiscal. El endeudamiento público, si bien es una herramienta legítima de política económica, debe utilizarse con criterios de responsabilidad y con una visión de largo plazo. Cuando la deuda se destina a financiar gasto corriente o proyectos de baja rentabilidad, se convierte en un lastre que compromete las finanzas de futuras generaciones.
Frente a este panorama, la pregunta sobre las medidas correctivas que adoptará el gobierno federal resulta inevitable. Y es aquí donde emerge una preocupación legítima: la posibilidad de un aumento de impuestos como mecanismo para compensar el desbalance fiscal. Esta alternativa, aunque técnicamente viable en el corto plazo, representa un riesgo considerable para la economía nacional.
El problema de fondo es que México cuenta con una base de contribuyentes limitada, donde el peso de la recaudación recae de manera desproporcionada en los llamados contribuyentes cautivos: empresas formales, profesionistas y una clase media que ya enfrenta múltiples presiones económicas. Incrementar la carga fiscal sobre este segmento no solo sería socialmente regresivo, sino también económicamente contraproducente, al reducir la capacidad de consumo, desalentar la inversión y fomentar la informalidad.
La metáfora es inevitable: el Estado mexicano parece intentar sostener un edificio cada vez más pesado sobre una estructura fiscal que no ha sido reforzada. En lugar de redistribuir el peso o replantear el diseño, la solución que se vislumbra es exigir más a los mismos pilares, aun cuando estos muestran signos evidentes de desgaste.
El riesgo de esta estrategia es claro. Un aumento de impuestos en un contexto de desaceleración económica puede generar un efecto contractivo, debilitando aún más la actividad económica y reduciendo, paradójicamente, la recaudación en el mediano plazo. Es un círculo vicioso que ha sido documentado en múltiples experiencias internacionales: cuando la política fiscal pierde equilibrio, las soluciones apresuradas suelen agravar el problema.
En materia financiera, como en la vida institucional, la confianza no se decreta: se construye. Y cuando se erosiona, como hoy comienza a ocurrir, las consecuencias no son inmediatas, pero sí inevitables.
