El caso del gobernador de Sinaloa se ha convertido en uno de los temas más delicados para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque ya dejó de ser únicamente un problema político interno y comenzó a escalar hacia terrenos diplomáticos y económicos. La dificultad para encontrar una salida sin costos evidentes muestra que el asunto puede terminar afectando mucho más que la imagen del gobierno, sobre todo ahora que México atraviesa un momento clave en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. La presidenta ha intentado presentar el tema bajo el argumento de la defensa de la soberanía nacional, buscando transmitir la idea de que existe una intromisión extranjera en asuntos internos del país. Sin embargo, sus críticos sostienen que la posición oficial entra en contradicción con el marco legal mexicano, ya que los tratados internacionales firmados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado tienen una jerarquía superior frente a diversas disposiciones nacionales. Desde esa óptica, lo procedente habría sido detener al mandatario señalado y esperar el envío formal de pruebas para evaluar jurídicamente una posible extradición dentro de los plazos establecidos por la ley. Esa habría sido una salida institucional menos desgastante. El problema es que el gobierno parece decidido a sostener una defensa política cuyo costo puede aumentar con el tiempo. Además, la falta de una oposición sólida también modifica el escenario. Salvo voces como la del senador Ricardo Anaya, no existe una figura que encabece una presión constante y efectiva sobre el tema, lo que reduce el impacto político inmediato. También debe reconocerse que una parte importante del electorado no percibe este conflicto como prioritario mientras los programas sociales continúen funcionando. Por ello, el desgaste parece concentrarse principalmente en sectores urbanos y de clase media que sí observan con preocupación las implicaciones institucionales, económicas y de gobernabilidad que podría traer este episodio rumbo al próximo proceso electoral.
STRIKE 2
La propuesta de adelantar la terminación del ciclo escolar se ha convertido en un verdadero enredo político y administrativo para el gobierno de la llamada 4T. Existen distintas posibles explicaciones detrás de la medida, pero las justificaciones que se han mencionado públicamente, particularmente las expresadas por el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, han sonado poco convincentes para buena parte de la población. Una de las razones expuestas fue el Mundial de futbol de 2026, argumento que genera dudas porque los partidos únicamente se celebrarán en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Muchos se preguntan entonces por qué tendría que modificarse el calendario escolar de todo el país por un evento concentrado en tres ciudades. También se habló de las altas temperaturas, aunque faltando todavía varias semanas resulta complicado asegurar que el calor será extremo, en especial cuando normalmente en junio comienzan las lluvias y el clima tiende a refrescar en gran parte del territorio nacional. Otra interpretación, quizá la que más fuerza ha tomado, es que el gobierno federal no logró terminar a tiempo la infraestructura y los ajustes de movilidad necesarios para evitar un caos vial durante el Mundial, particularmente en la capital del país. A ello se suma el riesgo de movilizaciones magisteriales, por lo que suspender clases también ayudaría a disminuir tensiones y complicaciones operativas. Sin embargo, si la intención era que la ciudadanía recibiera con entusiasmo más vacaciones para disfrutar el Mundial, ocurrió exactamente lo contrario. La propuesta provocó molestia entre padres de familia y sectores educativos, obligando al gobierno a matizar el anuncio. Lo que originalmente parecía una decisión tomada ahora se maneja únicamente como una propuesta pendiente del calendario oficial. En contraste, resultó mucho más sensata la postura del gobernador Mauricio Kuri González, quien planteó suspender clases solamente cuando juegue la selección mexicana. Después de todo, serían apenas unos cuantos días y no varias semanas de desajuste escolar.
STRIKE 3…PONCHADO
Los legisladores de Morena en el Congreso queretano muestran cada vez una división más evidente. Lo que originalmente parecía un bloque compacto hoy deja ver al menos tres grupos claramente identificados: los alineados con el senador Gilberto Herrera Ruiz, los cercanos a Luis Humberto Fernández Fuentes y ahora el grupo que comienza a consolidarse alrededor de Arturo Maximiliano García Pérez, a quien muchos ubican políticamente más cercano al proyecto de Santiago Nieto Castillo. En los hechos, cada uno de los llamados “suspirantes” rumbo al proceso electoral de 2027 parece estar construyendo ya su propio equipo legislativo y político. Eso explica buena parte de los movimientos recientes dentro de la bancada y también las tensiones que comenzaron a hacerse visibles en la renovación de coordinaciones y posiciones internas. Llama particularmente la atención que un perfil considerado moderado y ecuánime como Arturo Maximiliano no haya recibido el respaldo del grupo vinculado a Luis Humberto Fernández, así como de legisladores identificados por mantener una postura institucional, como Sinuhé Piedragil Ortiz. La explicación que se ha manejado es que existían acuerdos previos sobre la conducción del grupo parlamentario y “les tocaba” asumir determinados espacios; sin embargo, en política esos acuerdos suelen parecerse mucho a los “reels” de redes sociales: duran muy poco y desaparecen rápidamente cuando cambian las circunstancias. Ahora será interesante observar cómo evoluciona el trabajo legislativo de Morena en Querétaro. Habrá que ver si, pese a las diferencias internas, logran unificarse cuando necesiten sacar adelante votaciones importantes o si esta fragmentación terminará profundizándose hasta provocar un desgaste que complique el avance de las reformas pendientes y debilite la estrategia electoral del partido rumbo al 2027.
