La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó por unanimidad las normas de evaluación y promoción escolar con las que la SEP eliminó en 2023 el requisito del 80 por ciento de asistencias como mínimo para pasar de año en educación básica, fijó en 6 la calificación mínima y ordenó pasar de grado a los alumnos en secundaria aunque hayan reprobado hasta cuatro materias.
Al negar un amparo a un colegio privado que acusó que las nuevas normas atentan contra la excelencia educativa contemplada en la Constitución, Ministros como Lenia Batres, autora del proyecto de sentencia, y el Presidente de la Corte, Hugo Aguilar, argumentaron que la educación de excelencia no se limita a registros de asistencia o a la acreditación de asignaturas, incluso acusaron que esa es una visión reduccionista a la vez que defendieron la facultad del Estado de imponer un nuevo modelo educativo.
“La educación de excelencia no se agota en registros de asistencias o en acreditaciones de asignaturas o grados mediante mediciones numéricas cuantitativas, pues esa perspectiva resulta reduccionista frente a la complejidad y pluralidad de factores que integran este principio”, argumentó Batres.
“El hecho de que alguien asista todos los días no garantiza que tenga excelencia, que aprenda, que haga suyo los conocimientos. () Si un niño no va a la escuela, pues es indicio de que algo malo está ocurriendo en el seno de la familia y, en una perspectiva educativa integral y holística, lejos de atender la situación que esté pasando la familia y que impide que el niño vaya a la escuela, pues, en lugar de eso, lo sancionamos“, agregó Aguilar.
En 2023, el Colegio El Roble acusó que el Acuerdo 10/09/23 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) atentaba contra la educación de excelencia, pues eliminó requisitos como la asistencia mínima, disminuyó las materias que deben aprobarse para pasar de grado y aumentó la oportunidad de los alumnos de reprobar materias.
“El sistema permite que el alumnado que no ha logrado obtener los conocimientos científicos necesarios para su desarrollo, prosiga en la escala de grados escolares aun con déficits en su aprendizaje, lo que impacta en la búsqueda de la excelencia académica y desincentiva el estudio”, sostuvo el colegio.
El Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de México negó el amparo al considerar que no se acreditó que el acuerdo atentara contra la excelencia académica y que la autoridad actuó dentro de sus atribuciones, la escuela interpuso un recurso de revisión y el caso llegó a la Corte.
En su proyecto de sentencia, Batres, autollamada la “ministra del pueblo”, reconoció que las nuevas reglas buscan garantizar la permanencia de los alumnos en las escuelas, que la evaluación debe ser integral y aseguró que en países como Dinamarca y Finlandia la educación primaria no depende de las evaluaciones numéricas.
Aunque finalmente avalaron el proyecto de Batres, los Ministros Giovanni Figueroa y Estela Ríos se opusieron a la eliminación de la asistencia como criterio de acreditación pues dijeron que es una obligación del Estado fomentarla.
“Si queremos que realmente haya una educación que esté al alcance de todos, debemos tomar en cuenta esta situación (de que deben asistir), de lo contrario, estamos dejando al garete la educación de los niños”, dijo Ríos.
“No tenemos elementos para afirmar que las calificaciones numéricas son el mejor método para evaluar a las y los alumnos, o bien, que establecer requisitos menos rigurosos para acreditar un grado escolar necesariamente redundan en una educación de mala calidad”, dijo Figueroa.
Los ocho Ministros presentes, sin embargo, avalaron por unanimidad el proyecto de Batres que reconoció que el Ejecutivo federal tiene potestad para fijar los principios rectores y objetivos de la educación básica.
