El diputado del PRI, Christian Castro Bello, presentó una iniciativa que plantea inhabilitar de manera permanente a los funcionarios públicos a quienes se les comprueben vínculos con el crimen organizado.
La propuesta que adiciona un párrafo al artículo 109 de la Constitución establece que la inhabilitación permanente se aplicará también en el caso de los funcionarios que accedan a un cargo vía elección popular.
“Toda persona que, mediante sentencia definitiva, sea declarada de participar en actividades de delincuencia organizada quedará inhabilitada de forma permanente para acceder o desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión de carácter público, independientemente de que su origen derive de elección popular, designación, nombramiento o cualquier otro mecanismo previsto por la ley”, se lee en la iniciativa.
De acuerdo con la exposición de motivos, en los últimos tiempos, la nación mexicana se ha visto lacerada por las actividades del crimen organizado que se ha infiltrado en las estructuras que componen los tres niveles de Gobierno y que ha sido el cimiento para la construcción de lo que se conoce como narcoestado.
Esa infiltración, advierte, no se limita a la ocupación de cargos en el poder, sino que permea a otra actividades de corte político, incluido el financiamiento ilegal de campañas.
Señala en los últimos años se han destapado escándalos como el del Carel de La Barredora, en Tabasco, el huachicol fiscal que involucra a funcionarios de la Secretaría de la Marina o el del Presidente Municipal de Tequila, Jalisco, Diego Rivera, acusado de vínculos con el crimen organizado e incurrir en el delito de extorsión.
Incluso, añade, el último informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada subrayó que en algunos casos denunciados, recibió información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos mediante su apoyo, autorización o aquiescencia.
“Nos encontramos ante una situación que ya trasciende a nuestro orden interno y se ve reflejado en el orden internacional (…) por los ilícitos cometidos por algunos funcionarios públicos, y sea de designación directa o de elección popular”, afirma.
El promovente asegura que la iniciativa tiene como objetivo cerrar en definitiva el paso a la infiltración criminal en el servicio público.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, detalla, el País ha registrado más de 30 mil homicidios anuales en los últimos años, mientras que informes internacionales estiman que más del 70 por ciento del territorio presenta algún grado de presencia del crimen organizado.
“Estamos ante una situación que rebasa el ámbito interno y afecta la credibilidad de México en el mundo. Se requiere un golpe de timón firme para garantizar que el servicio público esté libre de cualquier vínculo con la delincuencia organizada”, sostiene.
