México y Estados Unidos se encuentran en la peor crisis de relación bilateral que se recuerde en tiempos de paz. Y lo más grave, es que puede profundizarse por el endurecimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum, condicionada por el ala dura de Morena al servicio del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Rocha Moya fue el detonante. Están listas otras cinco acusaciones de la Fiscalía en la Corte Sur de Manhattan, y su difusión dependerá principalmente si la presidenta comienza a actuar contra políticos vinculados con el crimen organizado, como se lo estuvieron pidiendo en Washington por meses.
Una señal en esa dirección fue la solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y del alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, dos de las 10 personas acusadas por la fiscalía estadounidense de haber llegado al poder con el respaldo de los chapitos y servir a sus intereses, junto con la publicación en X del coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, quien al tomar partido en el viejo debate entre constitucionalistas sobre el fuero, dijo que quien está con licencia y no ejerce su función, puede ser detenido.
Estas acciones son mensajes a Washington de un ajuste en las decisiones presidenciales, que son las que cuentan, por encima de los discursos nacionalistas irrelevantes en la política realista, y que tienen como destinataria a la gradería local. No comenzó así la semana pasada, cuando se tocó el nadir de la relación bilateral, que aunque mantuvo su volumen en la arena pública, tuvo un punto de inflexión.
Funcionarios federales revelaron que en la escalada retórica de protección a Rocha Moya y la exigencia de pruebas a Estados Unidos, la Presidencia tuvo acceso a información del Departamento de Justicia sobre el esquema de protección y colaboración de políticos con el crimen organizado en México, que a cambio de trabajar impunemente, inyectaron dinero para elecciones donde Morena ha resultado el partido mayormente beneficiado, y entregaron millones de pesos a políticos para su peculio, a quienes les fueron detectadas operaciones para el lavado de dinero.
La información sugiere un mapa nacional que incluye al menos cuatro estados gobernados por Morena y uno más, al menos en el capítulo de la oposición, gobernado por Movimiento Ciudadano.
Funcionarios estadounidenses dijeron por su parte, que además de Rocha Moya, en la primera lista de casos que están prácticamente concluidos, sobre figuras de Morena presuntamente involucradas con el crimen organizado, se encuentran los gobernadores de Baja California, Marina del Pilar Ávila, Sonora, Alfonso Durazo, y Tamaulipas, Américo Villarreal. Junto con ellos se preparan en esta primera relación, los expedientes de los dos últimos líderes nacionales de Morena, Mario Delgado y Luisa María Alcalde.
Ávila, Durazo y Villarreal, tiene conexiones directas con Delgado y con el expediente en la Corte del Distrito Oeste de Texas, en San Antonio, que incluye financiamiento a ocho candidaturas a gobernador en 2021 por parte del empresario Sergio Carmona, asesinado poco después de las elecciones. Las victorias de los tres actuales gobernadores fueron alimentadas con dinero del combustible robado, de acuerdo con las investigaciones.
Delgado, que ha sido un nombre recurrente en las peticiones de las autoridades estadounidenses para que la presidenta actúe penalmente para deslindar responsabilidades, tiene prácticamente la cancelada su aspiración a gobernar Colima, tras lo cual la nueva dirigencia de Morena tendrá que realizar una doble verificación de su selección de coordinadorres de la cuatroté en los 17 estados con elecciones para gubernaturas -virtulaes candidatos a ellas-, para confirmar que no tengan relaciones directas o indirectas con el crimen organizado.
Sería un cambio radical en Morena. De acuerdo con las investigaciones estadounidenses, el partido fundado por López Obrador fue parte de la estructura criminal en algunos estados del país. De ahí la inclusión de Alcalde en esta primera listta para acciones prontas del Departamento de Justicia, porque aunque no estuvo en la etapa crítica que revisó la Fiscalía en Manhattan, cuando era secretaria del Trabajo, se presumen relaciones con personas que están implicadas con el crimen organizado en la Secretaría de Gobernación, donde estableció relaciones con el Grupo Tabasco que encabeza el senador Adán Augusto López, que es otro de los nombres que siempre aparecen en las peticiones de Washington para que se le abran procesos peanales en México.
Las autoridades estadounidenses han ido soltando información al gobierno mexicano sobre lo que tienen sobre políticos vinculados al crimen organizado, pero siguen siendo generalidades porque no están dispuestos a entregar información sólida que no sea como parte de la integración judicial de sus casos. No obstante, lo que están haciendo ha subido el nivel de presión por la exasperación de Washington ante la inacción del gobierno mexicano.
Sin control sobre lo que sucederá, los tiempos están fuera de las manos de la presidenta, y los dos secretarios que más contacto tienen con la Administración Trump, los de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, no han sido tomados en cuenta por Washington en la apertura de causas judiciales, y lo más probable es que siga agriándose la relación y se anuncien nuevos acusados.
Sheinbaum necesita crear un gabinete de crisis. El gabinete de seguridad, con el que procesa estos temas, está rebasado. Con policías, militares, y un reducido grupo de políticos ideológicos y sin conocimiento profundo del Estados Unidos de hoy, no llegará a buen puerto. Se vio el martes de la semana pasada, cuando le informaron a la cancillería de la solicitud de captura y extradición de Rocha Moya y los otros nueve funcionarios sinaloenses.
Las únicas decisiones que tomaron en el gabinete de seguridad convocado esa noche, fueron que la consejería jurídica de la cancillería analizara la solicitud -lo hizo mal, mezclando tiempos procesales- y silenciar a la fiscal Ernestina Godoy, que suele equivocarse en sus declaraciones, dejando en el fiscal Ulises Lara la voz institucional. Un equipo tan limitado no recomienda opciones sólidas y, en cambio, amplía el riesgo para decisiones contraproducentes.
Las cartas de Washington están completamente abiertas. La opción militar todavía es un plan en la Oficina Oval, y lo único que pueda impedirla en este momento, es procesar en México a políticos vinculados con los cárteles. Ya saben quiénes pueden ser los primeros. Falta tomar la decisión sobre qué hacer, con la opción de no hacer nada, cancelada.
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