La extradición del Gobernador morenista Rubén Rocha Moya a EU y de otros funcionarios sinaloenses enfrenta dos obstáculos: el fuero constitucional… y la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Dos de los 10 funcionarios y ex funcionarios acusados por autoridades estadounidenses de narcotráfico -y de los que solicitó al Gobierno mexicano su captura con fines de extradición- gozan de fuero. Se trata del Gobernador Rocha y el senador morenista Enrique Inzunza, ex Secretario de Gobierno estatal de Rocha.
El fuero impediría que sean detenidos sin una declaración previa de procedencia por parte de la Cámara de Diputados. El Alcalde de Culiacán, el morenista Juan Gámez, debe ser juzgado por el Congreso local.
En el caso de Rocha, un eventual desafuero debe decidirlo el Legislativo federal y después turnar el expediente al Congreso de Sinaloa, que al final decidiría si remueve la protección al funcionario.
Este proceso sería tan largo y complicado, que podría consumir el resto del periodo del Gobernador, que termina en octubre de 2027.
Hay una particularidad, pues el artículo 111 de la Constitución indica que el desafuero es necesario “para proceder penalmente por delitos federales” contra los gobernadores. No está claro que una petición de Gobierno extranjero califique como un proceso penal por delitos federales, aunque puede interpretarse que sí, porque el procedimiento toca al Gobierno y jueces federales. De entrada, sólo una petición de la FGR motivaría el desafuero.
Además, el periodo ordinario de sesiones concluyó ayer jueves y para el efecto de un juicio de desafuero debería convocarse a un periodo extraordinario de sesiones.
De facto, para proceder contra Rocha sería necesaria principalmente una decisión política de Sheinbaum: que dé la señal para que la Fiscalía actúe y posteriormente promover en la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados la decisión de desaforar a los funcionarios.
Otra opción es que presione por la renuncia de Rocha, el nombramiento de un Gobernador interino y abrir paso directo a su detención ya sin protección. Una opción diferente es que el Senado declare desaparición de poderes y destituya a Rocha.
Ayer, en la conferencia mañanera, Sheinbaum afirmó que la FGR investigará el caso de las solicitudes de EU de detención con fines de extradición y advirtió que, si no existen pruebas, quedará claro que las imputaciones tienen un carácter político.
