Un aparente accidente en una carretera entre Guachochi y Morelos, dos municipios enclavados en la región de la Sierra Tarahumara, famosa por sus barrancas profundas, dejó al descubierto que Estados Unidos está realizando acciones en territorio mexicano sin el conocimiento del gobierno federal. En el accidente murieron un comandante y un oficial de la Agencia de Investigaciones de Chihuahua, así como dos agentes estadounidenses que, de acuerdo con la información oficial, eran instructores de la Embajada de Estados Unidos.
Las primeras versiones sugirieron que habían fallecido tras un operativo para desmantelar un laboratorio de drogas sintéticas del Cártel de Sinaloa, que ha sido desmentido oficialmente. La falta de información puntual permitió todo tipo de conjeturas sobre su participación en ese operativo, y trascendidos en la prensa de Chihuahua los identificaron como agentes de la DEA. Katarina Szulc, una periodista canadiense especializada en la cobertura de los cárteles mexicanos, aseguró que los estadounidenses eran agentes de la CIA estacionados en Monterrey.
El fiscal del estado, César Jáuregui, intentó resolver la confusión y señaló que los estadounidenses eran instructores que estaban capacitando a los cuerpos de seguridad del estado en tácticas y uso de drones, a más de ocho horas de donde se había asegurado el narco laboratorio. Sin embargo, hasta donde se sabe, la DEA no es la responsable de capacitar en el tema de los drones, sino el Ejército y, sobre todo, la CIA. La presidenta Claudia Sheinbaum abonó al desconcierto.
Sheinbaum declaró ayer que el gobierno federal no estaba al tanto de la colaboración de Estados Unidos con el gobierno de Chihuahua, deando abierta la posibilidad que podría haberse violado la seguridad nacional. La presidenta reaccionó tardíamente. Desde el domingo, el embajador Ron Johnson difundió en redes un mensaje lamentando las muertes y subrayando que esas tragedias recuerdan los riesgos que enfrentan las fuerzas de seguridad de los dos países “dedicadas a proteger nuestra comunidad”. Esa notificación, confirmando la participación de agentes estadounidenses, circuló durante más de 30 horas sin una versión contrastada por Palacio Nacional.
Las acciones unilaterales estadounidenses no son una novedad, aunque en el pasado -los tiempos de los gobiernos a los que el régimen critica constantemente- tenían conocimiento de los agentes que habían entrado sin cobertura diplomática y sus casas de seguridad. En ocasiones, realizaban operaciones sin acompañamiento de agentes mexicanos, pero nunca, cuando menos en décadas, se despertaba la Presidencia sin saber lo que había sucedido en la víspera en el país.
Aunque hay una gran cooperación entre los dos países en materia de seguridad, una de las probables razones de que agentes estadounidenses estén actuando al margen del gobierno federal, es la creciente exasperación con la Presidencia por su inacción en iniciar investigaciones sobre políticos presuntamente relacionados con el crimen organizado. Por meses se lo estuvieron planteando, que evolucionó a presiones y luego a advertencias: si no actuaba, comenzarían a proceder unilateralmente.
Información que ha trascendido de fuentes de inteligencia estadounidenses apunta a operaciones unilaterales en cuando menos cuatro estados: Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. En algunos, como en Chihuahua, se ha dado la cooperación estatal, pero en otros, como Michoacán, no solo rechazó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla trabajar conjuntamente, sino que saboteó algunas acciones que fueron puestas bajo su conocimiento con el propósito de realizarlas de manera coordinada.
Las acciones unilaterales incluyen acciones e iniciativas donde están cercando a políticos del régimen. La semana pasada el Departamento del Tesoro, a través de su Oficina de Control de Bienes Extranjeros, sancionó a seis objetivos involucrados en el lavado de dinero, incluido el abogado Juan Pablo Penilla, que identificó como el enlace clave del Cártel del Noreste con el ex jefe de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño, El Z-40, que tiene fuertes lazos con varios de los más altos funcionarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
En un segundo golpe en esta secuencia, ayer el Departamento de Estado suspendió las visas a 75 personas que son familiares, cercanos o socios en negocios vinculados con el Cártel de Sinaloa. La cancillería estadounidense no reveló los nombres de las personas a quienes le suspendieron la entrada a ese país y las hacen potenciales sujetos de sanciones adicionales, un movimiento que se inscribe en el contexto de algo donde el gobierno de México tampoco fue informado, la captura de Ismael El Mayo Zambada.
La información sobre los narco laboratorios del Cártel de Sinaloa que han sido desmantelados y asegurados en los últimos meses, fue proporcionada por Ovidio y Joaquín Guzmán López, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, como parte del acuerdo con Estados Unidos que incluyó la trampa a Zambada, que le permitió a un comando de ese país extraerlo de México. También han estado revelando los nombres de políticos, abogados, empresarios y periodistas con esa organización criminal, algunos de los cuales ya han perdido sus visas para entrar a Estados Unidos.
Las operaciones unilaterales estadounidenses en territorio mexicano, de acuerdo con información de funcionarios de ese país, no han sido altas en número, pero han sido estratégicas en varios campos. El prioritario es el de salvaguardar la integridad de sus ciudadanos en México, que explican sus operaciones en Michoacán -donde hay productores importantes de aguacate y cítricos que tienen la doble nacionalidad-; en Baja California Sur, donde hay personas influyentes y celebridades que descansan o tienen casas en Los Cabos, y en Jalisco y Chihuahua, donde hay una preocupación creciente que los cárteles utilicen drones para atacar a estadounidenses en ambos lados de la frontera.
En este contexto se dieron las acciones en Puerto Vallarta, contra el fraude inmobiliario de estadounidenses; Los Cabos por la intención de los chapitos de poner gobernador, y la forma como han establecido en Baja California Sur un gran centro de distribución de droga. En Cancún, Ciudad Juárez y Tijuana, otras ciudades con intereses primarios en materia de seguridad. En estos lugares, aseguró una fuente estadounidense, se están preparando acciones concretas.
Las operaciones al margen del gobierno federal, le está permitiendo a los servicios de inteligencia estadounidenses el mapeo de protección institucional al crimen organizado, y determinar, por su repulsión a la cooperación bilateral, los probables grados de involucramiento con los cárteles de las drogas. Chihuahua, en otro sentido al expresado por Johnson, es un recordatorio que Washington puede estar muy distraído con Irán, pero México no se le olvida.
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