La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que la decisión de la Suprema Corte de facultar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar cuentas bancarias, establece un precedente delicado para el Estado de Derecho con afectaciones directas.
En un posicionamiento, el organismo empresarial aseveró que esta permisividad usada únicamente por sospecha de actividades ilícitas, traerá consecuencias directas para el patrimonio de las personas y las empresas, más aún si no se cuenta todavía con reglas plenamente definidas.
“Advertimos que la determinación realizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado lunes 6 de abril abandona el criterio (…) Se establece un precedente delicado para el Estado de derecho, al permitir afectaciones directas”, versó en un comunicado.
El esquema validado también tensiona el principio de presunción de inocencia, reconocido en el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Mexicana, al permitir el bloqueo de cuentas con base en indicios sin una resolución judicial.
“Cuando una autoridad puede restringir recursos sin control judicial previo se afecta la confianza de inversionistas. En un contexto de incertidumbre, decisiones que debilitan contrapesos o la protección de activos elevan el riesgo y reducen la disposición para invertir en el país”, abundó.
La Coparmex subrayó que la resolución abre una responsabilidad directa para el Poder Legislativo y las autoridades regulatorias. Corresponde a ambos colmar los vacíos que la norma vigente deja sin resolver, como los plazos máximos de duración y los mecanismos que impidan su uso discrecional.
Propuso vía boletín definir con claridad los supuestos que justifican un bloqueo, mediante criterios objetivos y verificables y fijar un plazo razonable, no mayor a 15 días, para que la autoridad sustente la medida con elementos suficientes dentro de la investigación correspondiente, entre otros puntos.
