En Querétaro, una de las confusiones más frecuentes en la conversación pública sobre el agua tiene que ver con algo fundamental: creer que el derecho humano al agua potable es lo mismo que tener infraestructura hidráulica instalada en casa.
No lo es.
El derecho al agua, reconocido en la Constitución, implica que todas las personas deben tener acceso suficiente, salubre, aceptable y asequible al agua para su uso personal y doméstico. Pero ese acceso no está condicionado a una única forma de suministro.
Es decir, el derecho no se limita a que el agua llegue exclusivamente a través de una red entubada o que exista un sistema de drenaje en todos los casos.
Y aquí es donde necesitamos poner sobre la mesa una realidad que a veces incomoda, pero que es indispensable entender.
Querétaro no es homogéneo. Existen zonas urbanas con infraestructura consolidada, pero también comunidades rurales, dispersas o ubicadas en condiciones geográficas donde instalar redes de agua o alcantarillado no siempre es técnica, ambiental o financieramente viable.
En esos casos, el acceso al agua se garantiza a través de mecanismos distintos: distribución por pipas, sistemas de almacenamiento, soluciones comunitarias o esquemas alternativos adaptados al territorio.
Esto no significa que el derecho no se esté cumpliendo. Significa que se está materializando de otra forma.
Pero también es importante decirlo con claridad: garantizar el acceso no debe ser el punto de llegada, sino el punto de partida.
Porque aunque existan soluciones alternativas, el objetivo de largo plazo debe seguir siendo ampliar, donde sí es viable, la infraestructura que permita mayor continuidad, calidad y eficiencia en el servicio, así como el acceso al saneamiento.
Reducir la conversación a una sola lógica —o asumir que solo hay cumplimiento cuando existe red— simplifica en exceso un problema que es, por naturaleza, complejo.
Desde el Consejo Consultivo del Agua, lo hemos sostenido con claridad: la gobernanza hídrica implica reconocer la diversidad del territorio, pero también asumir la responsabilidad de mejorar gradualmente las condiciones de acceso para todas las personas.
Ni romantizar las limitaciones, ni desconocer los avances.
Entender la diferencia entre acceso y servicio es clave para exigir mejor, para diseñar mejores políticas públicas y, sobre todo, para no dejar a nadie fuera de la conversación.
Porque el agua, más que dividirnos por la forma en que llega, debería convocarnos a encontrar soluciones que sí funcionen para cada realidad.
