La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la sentencia de Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Segundo Circuito en Querétaro, que ordenó reducir de 10 años y medio a sólo cuatro años conmutables por 10 mil pesos, al hombre que envenenó y asesinó a los perros rescatistas Athos y Tango.
Al respecto, la abogada del Mónica Huerta Muñoz, advirtió que no hubo seriedad de parte del magistrado encargado del caso; ya que hasta el nombre cambiaron a los caninos.
“Enojada, porque en este segundo recurso, el magistrado que le tocó no se lo tomó con seriedad, tan es así que es un proyecto en el que le cambio los nombres hasta a los perros, ni siquiera entró al estudio, simplemente lo desechó. Hay una discriminación en la aplicación de la norma cuando se trata de animales y pues aquí es un claro ejemplo ni siquiera se ocuparon de entrar al estudio“, resaltó.
Mónica Huerta indicó que aún se tiene la posibilidad de presentar un recurso de inejecución de sentencia ante la SCJN, para que la Suprema Corte revise si la primera resolución se aplicó o no, la cual no se aplicó.
Asimismo, reveló que se ingresará una queja en contra de los magistrados de Querétaro en el Tribunal Disciplinario, en el Estado de México, para que se investiguen por posibles hechos de corrupción: Eustacio Esteban Salinas Wolberg, Aloys Rütter Castro e Irving Espinoza Betanzo.
“Presentaré una queja en contra de los magistrados de Querétaro, sentaré también tres denuncias en el Tribunal Disciplinario, para que se investiguen posibles hechos de corrupción. Advertimos algunas conductas extrañas, por los cuales creemos que existen posibles actos de corrupción y pues vamos a ver con el comité disciplinario si tienen alguna conducta que tenga que ver con hechos de corrupción“, apuntó.
Además, Huerta Muñoz señaló que se presentó una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, por la violación al proceso para Edgar Martínez; y refirió que ya se está en busca de acercar el caso a instancias internacionales.
“Es una sensación de impunidad, es una sensación de discriminación, porque la sentencia de Athos y Tango está sustentada en pruebas científicas y objetivas, en 38 órganos de prueba que desfilaron ante un juez y que lograron acreditar no solo la responsabilidad sino el grado de reproche, que es la pena que se arroja“, concluyó.
