STRIKE 1
La guerra en Medio Oriente no es algo nuevo; es una región que ha vivido conflictos recurrentes durante décadas. Más allá de quién tenga la razón en cada episodio, el valor estratégico de la zona es enorme. Aproximadamente el 30 % del petróleo que se consume en el mundo se produce en Medio Oriente y la región posee cerca del 50 % de las reservas petroleras mundiales. Si a ello se suma Venezuela, que concentra alrededor del 17-20 % de las reservas globales, puede entenderse por qué el control de los hidrocarburos tiene una enorme relevancia geopolítica. Desde esta perspectiva, algunos analistas interpretan los conflictos de la región como parte de un tablero estratégico global en torno a la energía. Estados Unidos, China, Rusia y Europa tienen intereses en el acceso a recursos energéticos y en las rutas por donde circula el petróleo, del cual dependen muchas industrias, entre ellas la petroquímica y la producción de plásticos. En este contexto, uno de los puntos más sensibles es el Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20 % del petróleo mundial. Cualquier amenaza al paso de los buques petroleros en esa zona genera inmediatamente preocupación en los mercados y suele provocar aumentos en el precio del crudo. El conflicto entre Israel e Irán también tiene su propia lógica estratégica. Desde hace años, ambos países mantienen lo que muchos analistas llaman una “guerra en la sombra”, caracterizada por operaciones indirectas, ciberataques y acciones encubiertas. Entre las principales razones se mencionan el intento de Israel de evitar que Irán desarrolle armas nucleares, frenar el apoyo iraní a grupos como Hamas o Hezbollah y limitar la presencia militar iraní cerca de sus fronteras. Estos factores explican parte de la escalada reciente. Sin embargo, además de los motivos de seguridad, algunos observadores también interpretan el conflicto dentro de una competencia geopolítica más amplia por la influencia energética global, en la que participan las principales potencias económicas.
STRIKE 2
En México continúa el debate en torno a la propuesta de reforma electoral presentada recientemente. Este proceso refleja la actual dinámica política del país y, en particular, la situación de la llamada Cuarta Transformación (4T), que enfrenta un escenario distinto al que existía durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La discusión ha evidenciado que no todos los actores políticos siguen de manera automática las posiciones del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y que, incluso dentro de los partidos aliados, existen diferencias importantes respecto a la propuesta, principalmente porque algunos de sus puntos pueden afectar intereses políticos específicos. Un aspecto que ha llamado la atención es que en las mesas de negociación no han sido incluidos los partidos de oposición, como el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano. Esto ha llevado a algunos analistas a interpretar el proceso más como un debate interno dentro del bloque gobernante que como una negociación política amplia entre todas las fuerzas representadas en el Congreso. La reforma, al implicar modificaciones constitucionales, requiere una mayoría calificada en el Congreso de la Unión. En la Cámara de Diputados se necesitarían aproximadamente 334 votos si estuvieran presentes los 500 legisladores. Esto obliga al partido mayoritario a contar con el apoyo de sus aliados, particularmente el PT y el PVEM. Sin esos votos, la reforma constitucional no podría aprobarse. Ante esa posibilidad, ya se ha mencionado la alternativa de un llamado “Plan B”, que consistiría en modificar leyes secundarias en materia electoral. Este tipo de cambios solo requiere mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los legisladores presentes en cada cámara. No obstante, dichas modificaciones podrían ser impugnadas ante los tribunales electorales y constitucionales, lo que abriría un nuevo frente de debate jurídico y político. En caso de que se aprueben cambios a nivel federal, las entidades federativas tendrían posteriormente que adecuar sus propias leyes electorales, ya que estas no pueden contradecir el marco legal nacional. Este proceso debería completarse antes de agosto, debido a que la legislación electoral mexicana establece que no pueden realizarse modificaciones legales dentro de los 90 días previos al inicio formal del proceso electoral. Considerando que el proceso electoral federal de 2027 iniciará en octubre de ese año, el margen de tiempo para realizar ajustes legislativos es limitado. Por ello, aún quedan varios aspectos por analizar en términos de sus implicaciones políticas y electorales, especialmente en lo referente a la definición de candidaturas y a las reglas de competencia entre los distintos partidos.
STRIKE 3…PONCHADO
Como se diría en términos beisbolísticos, “para atrás los fielders” con las reglas que acaba de anunciar Morena para elegir a sus candidatos rumbo a 2027. Este calendario seguramente implicará ajustes en los tiempos del PAN en nuestra entidad para definir a sus propios aspirantes. De acuerdo con el calendario publicado, el 22 de junio Morena elegirá a su candidato o candidata a gobernador en Querétaro, así como en los otros 16 estados que cambiarán su Ejecutivo estatal. Lo curioso es que esta definición ocurrirá en pleno Mundial de Futbol, cuando la atención pública difícilmente estará concentrada al cien por ciento en los nombramientos políticos. Coincidirá prácticamente entre el segundo y el tercer partido del torneo. Cabe preguntarse si esto es intencional, si se busca que la sociedad esté distraída o simplemente si responde a una lógica interna del partido. Posteriormente, el 21 de septiembre se definirán las candidaturas a las alcaldías. Entre una fecha y otra hay cerca de tres meses de diferencia, lo cual, en mi opinión, es demasiado tiempo y seguramente generará presiones políticas importantes dentro del propio partido. Además, el proceso contempla la participación de tres hombres y tres mujeres como aspirantes. Del lado de los hombres se mencionan nombres como Santiago Nieto, Luis Humberto Fernández y Gilberto Herrera, aunque también podría aparecer Chema Tapia. En el caso de las mujeres, los perfiles que suenan con mayor frecuencia son Bety Robles, Andrea Tovar y, por qué no, Celia Maya. La pregunta relevante es cómo impactarán estos tiempos en el PAN. Martín Arango mencionó recientemente, en entrevista en el programa Causa y Efecto de EXA 95.5, que hacia finales de marzo habría una declaración importante. Sin embargo, señaló que el nombramiento del llamado Coordinador de Defensa de Querétaro no podría realizarse todavía, debido a la necesidad de conocer primero cómo quedará la nueva Ley Electoral. Pero de marzo a junio hay todavía muchos días por delante. Por ello surge una pregunta inevitable: ¿quién destapará primero a su candidato? En política, como en una mesa de póker, muchas veces gana quien sabe mejor cuándo mostrar sus cartas.
