Virginia Hernández Vázquez
Vivimos tiempos intensos. Tiempos donde el debate público se acelera, donde las emociones suelen ganarle a los argumentos y donde, con demasiada frecuencia, lo fácil parece más atractivo que lo correcto.
En medio de ese ruido, vale la pena detenernos y mirar la historia con perspectiva. Porque cuando todo se vuelve inmediato —la nota del día, la polémica de la semana, la frase viral— corremos el riesgo de olvidar lo esencial: lo que se destruye rápido toma décadas volver a construirse. Y justo por eso, hay una pregunta que nuestra generación no puede seguir postergando:
¿Qué nos toca hacer a nosotros como jóvenes?
La historia no solo se mide por fechas o gobiernos; también se entiende por generaciones y del papel que cada una asume frente a su tiempo. Si observamos el desarrollo institucional de México en un arco generacional, el papel de cada etapa es claro.
Hace dos generaciones les tocó crear instituciones públicas. Fue una etapa de construcción: dar forma al Estado moderno, reconocer y garantizar derechos, desarrollar sistemas y establecer reglas donde antes había incertidumbre.
Se construyeron instituciones y acuerdos para compartir una ruta común, atender las necesidades de la gente, impulsar el desarrollo y dar estabilidad al país. En ese camino, como en todo proceso histórico, hubo aciertos y también errores. Pero la intención siempre fue clara: crear un orden que permitiera avanzar, crecer y vivir mejor.
La generación pasada, en cambio, tuvo el desafío de fortalecer esas instituciones: el Instituto Nacional Electoral y los órganos electorales locales. Profesionalizarlas, ampliar su alcance, mejorar su funcionamiento, modernizar procesos y, en muchos casos, acercarlas a la ciudadanía. Fue una etapa de consolidación: hacer más fuerte lo que ya existía y demostrar que el progreso también depende de continuidad, de método y de responsabilidad.
Y hoy, nos toca a nosotros.
A nuestra generación le toca algo distinto, menos visible, pero absolutamente fundamental: defenderlas.
En México, el debilitamiento institucional es más que evidente. Primero desaparecen diversos órganos autónomos y ahora planean iniciar con una reforma electoral, que solo busca concentrar más poder en un solo partido.
Cuidar las instituciones no significa ignorar sus áreas de mejora ni negar los problemas que existen. Al contrario: implica un compromiso activo con su integridad, con su fortalecimiento y con su sentido público.
Es reconocer que son el marco que permite que un país funcione más allá de coyunturas políticas, tensiones sociales o cambios de gobierno. Es entender que el camino no puede ser la destrucción como método ni el debilitamiento como estrategia política.
Porque si normalizamos la idea de que todo estorba, que todo está descompuesto o que “hay que tirar todo para empezar de nuevo”, lo que en realidad se está haciendo es abriendo la puerta al peor escenario: un país sin contrapesos, sin procedimientos, sin continuidad y sin reglas claras. Y en el fondo de todo hay una verdad esencial: las instituciones públicas son el puente entre la vida cotidiana de la gente y la posibilidad de un país con orden, justicia y oportunidades.
Han sido las instituciones las que han dado legitimidad a las decisiones que ha tomado la ciudadanía a través del voto, las instituciones han administrado los recursos para que lleguen a quien más lo necesitan y por eso son las que sostienen la estabilidad cuando el entorno se vuelve incierto.
Las que hacen posible la continuidad cuando cambian los gobiernos.
Las que garantizan derechos incluso cuando hay desacuerdos.
Las que ponen límites cuando alguien quiere mandar sin rendir cuentas.
Y aunque no siempre se note, una sociedad sin instituciones es una sociedad que regresa al “sálvese quien pueda”. Regresa a la improvisación. Regresa al abuso. Regresa a la ley del más fuerte.
En una democracia, cuestionar es sano. Mejorar es obligatorio. Exigir resultados es legítimo. Pero hay una línea que no debemos cruzar: confundir el enojo con una estrategia de Estado, o convertir la demolición en un proyecto de futuro. La indignación puede ser motor, pero no puede ser destino.
Y la política, si quiere servir, debe tener un principio mínimo: pensar en lo que permanece, no solo en lo que conviene.
Cuidarlas y defenderlas implica algo muy concreto: mejorarlas sin romperlas.
Significa corregir lo que no está dando resultados, hacer más eficientes los procesos, asegurar que funcionen con transparencia, profesionalismo y cercanía. Significa fortalecer el servicio público y defender la idea de que el Estado no es una pieza que se improvisa, sino una estructura que se construye con responsabilidad, con ética y con visión de futuro.
Nuestra generación creció en un México que ya tenía instituciones funcionando. No nos tocó levantarlas desde cero, y quizá por eso, se subestima tanto su valor. Se asume que van a estar ahí pase lo que pase; que pueden debilitarse sin consecuencias y atacarse sin costo.
Nuestra generación tiene la oportunidad —y la obligación— de actuar con madurez histórica: hoy, cuidar a México no es un discurso abstracto. Es una tarea concreta. Es una postura pública y una decisión diaria. ¿Y cómo podemos hacerlo? Desde expresar nuestra inconformidad en las redes sociales, entrar al debate público, informarnos, hablar con nuestros amigos y sumar a más jóvenes.
Porque un país que renuncia a sus instituciones renuncia, en el fondo, a su futuro.
Hace dos generaciones se construyeron las instituciones públicas. La generación pasada las fortaleció. A nosotros nos toca cuidarlas: exigir que funcionen mejor, corregir lo que haga falta y modernizarlas con responsabilidad, sin permitir que se debiliten o se destruyan. Porque cuando las instituciones caen, no pierde un gobierno: pierde el país.
