Hay épocas en las que las sociedades debaten sobre el poder, la economía o la guerra. Y hay otras -como la nuestra-, en las que la batalla cultural parece librarse en el terreno de las palabras, las identidades y las sensibilidades. Vivimos, podríamos decir con cierta ironía, en la república de la susceptibilidad: un espacio donde la ofensa simbólica provoca tempestades morales, mientras los problemas estructurales siguen un curso con una tranquilidad casi burocrática. Resulta paradójico que hoy valga más la vida de una mascota que la de un ser humano, o que algunas personas exijan ser tratados como botargas de criaturas imaginarias.
La cultura woke, en su versión más radical, se presenta falsamente como un proyecto emancipador. Pero a medida que ha ganado influencia, también ha mostrado su rostro paradójico: una ética de la inclusión que a menudo excluye, una política de la justicia que desconfía de la deliberación y una retórica del reconocimiento que fragmenta el espacio cívico. Como advierte Fukuyama, “la política de la identidad puede socavar la democracia si reemplaza la ciudadanía compartida por la pertenencia tribal”. Y lo cierto es que esa advertencia suena cada vez menos teórica.
El Derecho moderno nació con una promesa simple y poderosa: la igualdad ante la ley. No importaba la religión, el origen o la condición; la norma debía ser general, abstracta y previsible. Era, en esencia, un pacto civilizatorio contra el privilegio. Hoy, sin embargo, el orden normativo parece enfrentarse a una presión constante para adaptarse a identidades cada vez más específicas. La expansión de derechos es un signo de progreso, sin duda. Pero cuando la lógica de reconocimiento se convierte en una competencia por la excepcionalidad, el sistema jurídico empieza a parecerse más a un mosaico de regímenes particulares que a un marco universal.
Sandel lo resume con precisión: “una sociedad que abandona la idea de bien común termina atrapada en la política del agravio”. Y en ese terreno, cada grupo compite por visibilidad, legitimidad y, en ocasiones, por un estatuto normativo propio. El resultado no es necesariamente más justicia, sino más fragmentación.
Sería absurdo negar que el feminismo ha sido una de las fuerzas más transformadoras del derecho contemporáneo. Gracias a él, la igualdad jurídica entre hombres y mujeres dejó de ser una aspiración y se convirtió en norma. Pero como ocurre con todo movimiento histórico, su éxito ha traído consigo abusos, fraudes a la ley, y tensiones internas. En algunas corrientes más radicalizadas, la narrativa de la igualdad ha sido sustituida por una lógica de confrontación estructural donde el conflicto se convierte en identidad política. La paradoja es evidente: un movimiento que nació para integrar plenamente a las mujeres en la ciudadanía universal corre el riesgo de reforzar marcos interpretativos que dificultan la cooperación social, y desviaciones inimaginables o irreales como las que hoy vemos en algunos ejemplos de quiénes sin serlo, exigen ser considerados como parte del género femenino, o en casos más extremos como animales no humanos, caricaturas míticas, o botargas socavando la dignidad humana.
El problema no es la crítica —necesaria y legítima— sino la absolutización del conflicto como categoría explicativa. Cuando la política se convierte en una batalla moral permanente, el espacio para la negociación se reduce y el Derecho se ve presionado a legislar en clave simbólica más que institucional.
El reconocimiento de los derechos de las personas de la diversidad sexual ha sido, probablemente, uno de los avances más significativos en materia de derechos humanos en el último medio siglo. Sin embargo, el debate contemporáneo muestra una tendencia preocupante: la dificultad creciente para distinguir entre protección jurídica y unanimidad cultural. Haidt advierte que “cuando una sociedad equipara el desacuerdo con daño, la deliberación se vuelve imposible”. Y ese es el riesgo de una cultura donde la sensibilidad se convierte en criterio político dominante: la discrepancia deja de ser parte del debate democrático y pasa a interpretarse como transgresión moral.
El Derecho, en ese contexto, enfrenta un dilema complejo. Su función no es validar todas las percepciones subjetivas, sino establecer reglas comunes que permitan la convivencia. Si cada identidad aspira a un reconocimiento jurídico total, el sistema se vuelve normativamente inestable.
Cuando el reconocimiento cultural se transforma en excepcionalidad normativa permanente, surge un conflicto entre la diversidad y la igualdad ante la ley. No se trata de negar derechos colectivos, sino de evitar que el sistema jurídico pierda coherencia y predictibilidad. El Estado de Derecho, después de todo, se sostiene sobre reglas comunes, no sobre regímenes paralelos.
Hoy hay una sentimentalización de la política, donde la emoción sustituye al argumento. Uno de los rasgos más distintivos del momento cultural actual es la creciente emocionalización del debate público. La política se expresa en términos de experiencia personal, y la legitimidad se mide por la intensidad de la vivencia subjetiva. El ensayista David Rieff ha señalado que “la memoria moral puede convertirse en una forma de narcisismo colectivo si sustituye a la política real”. La frase resume bien la paradoja: nunca hemos sido tan sensibles al lenguaje y, sin embargo, nunca hemos tenido tantas dificultades para construir consensos duraderos.
En esta lógica, los gestos simbólicos adquieren un peso desproporcionado. Se discuten estatuas, palabras o representaciones culturales con una intensidad que contrasta con la lentitud de las respuestas frente a la pobreza, la inseguridad o la desigualdad estructural. No es que unas causas invaliden a otras; es que la jerarquía de prioridades parece haberse invertido.
Las universidades, tradicionalmente espacios de pluralismo intelectual, se han convertido en uno de los epicentros de estas tensiones. Las políticas de inclusión han buscado corregir desigualdades reales, pero también han generado debates sobre los límites entre equidad y excelencia. Sandel advierte que “cuando el mérito pierde legitimidad, la cohesión social se resiente”. Y la percepción de que los criterios académicos se subordinan a consideraciones identitarias puede minar la confianza en las instituciones educativas. La inclusión es indispensable, pero no puede construirse sobre la desconfianza hacia la idea misma de excelencia.
En el mercado y política, la moral se ha convertido en una estrategia de marketing. Si algo demuestra la expansión de la cultura woke es su extraordinaria capacidad de adaptación. Lo que comenzó como una crítica al poder ha sido rápidamente absorbido por él. Las empresas han convertido la retórica inclusiva en estrategia de marca, y los partidos han descubierto en las identidades un mecanismo eficaz de movilización electoral.
La moral se convierte así en espectáculo, y la indignación en recurso político. El resultado es una cultura pública donde la coherencia importa menos que la visibilidad, y donde la ética corre el riesgo de convertirse en una herramienta de posicionamiento.
Todo esto ha traído un debilitamiento simbólico del Derecho: la consecuencia más profunda de esta deriva no es cultural, sino institucional. Cuando la legitimidad se basa en la adhesión moral y no en el respeto a reglas comunes, el Derecho pierde autoridad simbólica. Se instala la idea de que las normas son negociables según la identidad, y no principios universales de convivencia.
Y sin esa autoridad simbólica, el orden normativo se vuelve frágil. No porque la diversidad sea incompatible con el Derecho, sino porque el Derecho necesita un lenguaje común que permita articularla. Sin él, la política se convierte en una suma de sensibilidades en competencia.
Tal vez la ironía mayor de nuestro tiempo sea esta: vivimos en una era profundamente moralista que, sin embargo, desconfía de las instituciones que hacen posible la vida moral en común. Se multiplican las causas, las identidades y las reivindicaciones, pero escasean los consensos. La cultura woke en su versión más radical también ha evidenciado los riesgos de una política donde la identidad sustituye a la ciudadanía y la emoción desplaza al razonamiento institucional.
El reto no es regresar a un pasado idealizado ni negar las demandas de reconocimiento. El reto es recuperar el equilibrio entre sensibilidad y universalismo, entre justicia y reglas, entre identidad y comunidad política. Porque, al final, una sociedad no se sostiene solo con buenas intenciones ni con consignas morales. Se sostiene con instituciones legítimas, normas previsibles y una cultura cívica que entienda que la convivencia no es la victoria de una identidad sobre otra, sino el arte —siempre imperfecto— de compartir un mismo marco de reglas.
Y quizá ahí radique la lección más incómoda de esta época: que la justicia no se construye solo con sensibilidad, sino también con límites; no solo con reconocimiento, sino con universalismo; no solo con emociones, sino con Derecho.
