En rueda de prensa organizada junto con el senador Agustín Dorantes Lámbarri, representantes del Poder Judicial del Estado de Querétaro informaron sobre los avances en la implementación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) y las acciones para fortalecer su aplicación en la entidad.
César Israel Soto Campos, consejero de la Judicatura y representante del magistrado presidente Braulio Guerra Urbiola, explicó que el Poder Judicial publicó desde el 1º de noviembre de 2024 los lineamientos para operar este registro. “En estos lineamientos se establecieron los criterios y procedimientos mediante los cuales las autoridades jurisdiccionales deben proceder a solicitar el registro e inscripción de las personas deudoras alimentarias morosas dentro del Registro Nacional”, señaló. Añadió que esta herramienta busca “fortalecer el cumplimiento de este deber de alimentos y hacer efectivos los derechos de niñas, niños y adolescentes”.
El consejero informó que, como parte del apoyo interinstitucional, en noviembre de 2025 el Consejo de la Judicatura aprobó la obligación de presentar el certificado de no registro en el padrón de deudores por parte del personal del Poder Judicial al rendir su declaración patrimonial. Indicó que al nueve de febrero de 2026 se registraron 183 casos en el sistema, de los cuales 177 corresponden a hombres y seis a mujeres, con cinco cambios de estatus de deudor moroso a no moroso.
Por su parte, la abogada litigante Gabriela John Morales consideró que el registro debe tener efectos reales. “Hoy evidentemente existe este registro, pero la petición y la apertura que hoy hace el Senador (…) es que este registro deje de ser un registro simbólico y que sea un registro funcional”, dijo. Subrayó que “la pensión alimenticia no es una negociación entre adultos (…) es un derecho humano que tiene la niñez”, el cual incluye alimentación, salud, educación y recreación.
En su intervención, Dorantes Lámbarri explicó que en el Senado de la República se aprobó un punto de acuerdo para que los estados actualicen sus leyes, compartan información y difundan el registro. “Estamos obligando a las autoridades a que este registro funcione de verdad”, afirmó. Añadió que se trabaja con autoridades locales para impedir que deudores alimentarios ocupen cargos públicos o accedan a contratos gubernamentales.
El senador también destacó que el Tribunal Superior de Justicia ya exige el certificado de no adeudo para sus trabajadores e hizo un llamado a dependencias y empresas para adoptar medidas similares, incluso con apoyo de organismos empresariales como la Cámara Nacional de Comercio (CANACO). Con ello, señaló, se busca garantizar el cumplimiento de pensiones alimenticias y proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en el estado.
