Ángel Álvaro Peña
La discusión pública en torno a la reforma judicial ha estado cargada de ruido, resistencia y desinformación. Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum ha optado por un camino poco frecuente desde el poder: poner los datos sobre la mesa y dejar que la realidad hable. En la conferencia matutina expuso con claridad los beneficios, lujos y excesos que durante años caracterizaron a la vieja Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), evidenciando por qué la reforma judicial no sólo es necesaria, sino un paso histórico para el país.
Lejos del estruendo político, Sheinbaum recurrió a cifras oficiales y a un contraste directo entre el “antes” y el “después”. Mientras hoy algunos sectores denuncian supuestos ataques a la autonomía judicial, durante décadas se normalizó un sistema de privilegios ajeno a la impartición de justicia y distante de la realidad social.
Antes de la reforma, un ministro percibía un sueldo mensual neto superior a los 206 mil pesos; para 2026 será de poco más de 134 mil. A ello se sumaban seguros médicos privados, seguros de separación, primas vacacionales, aguinaldos elevados y pagos por riesgo. Hoy, esas prestaciones ya no existen. No se trata de castigos ideológicos, sino de una corrección estructural frente a un modelo insostenible.
La presidenta también reveló que el gasto en medicinas, alimentos y apoyos diversos superó los 11 millones de pesos en 2023, cifra que para 2026 se reducirá a apenas 200 mil. A esto se añadía una larga lista de apoyos administrativos sin relación alguna con funciones jurisdiccionales: reservas en restaurantes, boletos para espectáculos, traslados personales y hasta servicios domésticos, todo con recursos públicos.
Claudia Sheinbaum no inventó nada. Retomó información oficial y propuso un ejercicio elemental: comparar el pasado con el presente. En ese contraste, la narrativa se derrumba. La reforma judicial no amenaza a la justicia; pone fin a los privilegios y devuelve sentido ético al servicio público.
Defender la reforma no es atacar al Poder Judicial, sino reconocer que durante años se sostuvo una estructura desigual y desconectada del pueblo. La postura de la presidenta resulta no sólo atinada, sino necesaria. Poner luz donde había opacidad es un acto de responsabilidad democrática.
Hoy el debate no debería centrarse en los privilegios perdidos, sino en la voluntad colectiva de construir un sistema de justicia congruente con los tiempos que vivimos.
PEGA Y CORRE: Tras la gira presidencial del pasado fin de semana, el presidente municipal Daniel Cortina recibió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a la gobernadora Rocío Nahle García en un conocido hotel del puerto de Tuxpan. El encuentro confirma que cuando existe coordinación entre los tres niveles de gobierno, la transformación deja de ser discurso y se convierte en ruta de trabajo, con respaldo político y voluntad para impulsar proyectos que fortalezcan el desarrollo y el bienestar social.
