La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional una reforma legal aprobada en Campeche que permite a la Gobernadora morenista Layda Sansores autorizar cualquier obra que le parezca importante, sin permiso de los municipios.
Por unanimidad, la Corte invalidó el artículo 14 Bis de la Ley de Obras Públicas de Campeche, reformado en julio de 2024 para crear las llamadas “obras públicas de interés estatal de gran impacto”, a las que se exentó de obtener licencia de construcción municipal.
La sentencia sólo beneficiará al municipio de Campeche, que promovió la controversia, y es gobernado desde 2021 por Karen Rabelo, de Movimiento Ciudadano.
El municipio de Campeche concentra a cerca de la tercera parte de los 930 mil habitantes del estado.
“Los preceptos impugnados no establecen bases generales o lineamientos de coordinación, sino que elimina la intervención municipal en la autorización de obras públicas de gran impacto, trasladando la decisión exclusivamente a la Gobernadora de Campeche, impidiendo que los municipios puedan ejercer su potestad de regular y controlar las construcciones en su territorio”, afirma la sentencia.
“Se trata de una sustitución incompatible con el artículo 115 de la Constitución”, dijo la Ministra Loretta Ortiz, quien aclaró que esto no habilita a los municipios para obstaculizar obras federales estratégicas.
El Ministro Arístides Guerrero consideró que también se violan atribuciones que la Ley General de Asentamientos Humanos otorgan a los municipios.
“No cabe en mi pensamiento que exista una obra estatal de gran impacto, que no sea de interés municipal”, agregó el Presidente Hugo Aguilar, quien consideró necesaria la coordinación entre ambos órdenes de gobierno.
La sentencia también invalidó un artículo transitorio que obligó al municipio a reformar sus bandos y reglamentos, para ajustarlos a la reforma legal.
La Corte tiene pendiente resolver una acción de inconstitucionalidad contra la reforma de septiembre pasado a la Ley de Expropiación de Campeche, que modernizó dicha norma para ajustarla a la Ley de Expropiación federal, y fue inmediatamente usada por Sansores para iniciar un procedimiento para quedarse con siete hectáreas que se atribuyen al ex Gobernador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas.
