La Suprema Corte de Justicia rechazó ocho controversias promovidas por Gobernadores de Oposición, para impugnar la extinción de 109 fideicomisos del gobierno federal, decretada por el Congreso en noviembre de 2020.
Por unanimidad, la Corte estableció que la extinción de los fideicomisos no afectó a los estados, pues no implicó una intromisión o afectación a las atribuciones legales de las entidades inconformes.
Las controversias fueron promovidas por los gobiernos de Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila y Michoacán.
El Ministro Arístides Guerrero hizo una presentación gráfica con una línea de tiempo, para exhibir que la anterior Corte tuvo en sus manos las controversias durante cuatro años luego de cerrada la instrucción de los juicios, sin haberlos resuelto.
“No caeré en la narrativa de si la anterior Corte fue buena o fue mala, pero sí lo quiero decir de manera muy clara: fue muy irresponsable”, dijo Guerrero.
En ese periodo, agregó, “no se presentó una propuesta”, pero el entonces Ministro Alfredo Gutiérrez sí presentó proyectos para estas controversias, el 31 de mayo de 2024, en sentido similar al aprobado hoy, y el Pleno, sin embargo, los fue aplazando y nunca los discutió.
La sesión de hoy fue la primera del nuevo Secretario General de Acuerdos de la Corte, Daniel Álvarez Toledo, tras la salida de Rafael Coello, quien ocupó el cargo desde marzo de 2009.
Estos desechamientos no ponen fin al litigio contra la extinción de fideicomisos, operada por Morena y sus aliados en el Congreso, luego que el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador ya había ordenado una medida similar en abril de 2020, para instrumentos financieros del gobierno no previstos en ley.
La Corte tiene pendiente una acción de senadores de Oposición contra la extinción de los 109 fideicomisos, que la anterior integración listó varias veces para sesión, pero tampoco votó. El nuevo proyecto también lo debe presentar Guerrero.
Gutiérrez presentó, también en mayo de 2024, un proyecto que proponía anular la extinción del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), del Fondo contra el Cambio Climático, del Fondo para Atención a Víctimas y de fideicomisos del entonces Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
En contraste, ese proyecto proponía avalar la extinción de fideicomisos para defensores de derechos humanos y periodistas; cooperación internacional para el desarrollo; para deportistas de alto rendimiento; de fondos de la Financiera Rural; de apoyo a braceros (trabajadores migratorios), y en materia de hidrocarburos, electricidad, ferroviaria y aduanera.
El Congreso eliminó estos instrumentos por orden de López Obrador durante la pandemia de Covid-19, y al cierre del segundo semestre de 2024, 102 de 109 fideicomisos ya habían sido extinguidos, y sus recursos se enviaron a la Tesorería de la Federación.
