La Suprema Corte de Justicia rechazó el uso de la “ley del más fuerte” en alusión a “los acontecimientos recientes en el ámbito internacional”.
Sin mencionar directamente la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, el Ministro Presidente Hugo Aguilar expresó la convicción de todos sus colegas en favor del respeto al marco jurídico, en un breve discurso previo a la inauguración del periodo de sesiones de la Corte.
“No podemos permitir ni tolerar que sea la ley del más fuerte el que impere, el que se imponga y el que conduzca los destinos de nuestros países y del mundo entero”, dijo Aguilar.
“Quiero expresar la convicción de todos los Ministros y Ministras en la apuesta por el marco jurídico que nos hemos dado para resolver nuestras diferencias, y sobre todo, para construir una sociedad más justa y mas digna, a todos los niveles, desde el ámbito comunitario, las entidades federativas, nuestro país y desde el concierto de las naciones, debemos tener fe en el marco jurídico que nos hemos dotado”.
La Ministra Lenia Batres también se refirió al tema, igualmente sin mencionar expresamente el caso venezolano.
“Hago votos por qué las instituciones mexicanas cerremos filas en favor del respeto del orden jurídico que la comunidad internacional se ha dado para garantizar el derecho a la soberanía y libre determinación de los pueblos”, dijo Batres, quien remató con la cita de Benito Juárez sobre el respeto al derecho ajeno.
La Corte rara vez dirige mensajes públicos sobre asuntos internacionales.
Este será el primer periodo completo de sesiones de la Corte que fue electa por voto popular en junio, y que entró en funciones en septiembre.
Los casos relevantes ya en lista incluyen una acción promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la reforma educativa de 2019, en particular, por la asignación automática de plazas como maestros a egresados de escuelas normales públicas.
El proyecto, que será discutido este martes, avala esa reforma.
También fueron listadas controversias de ocho gobernadores de Oposición contra la extinción de 109 fideicomisos federales, decretada por el Congreso en 2020, las cuales serían desechadas por no existir afectación a atribuciones estatales.
