Luis Pablo Segundo
En México, los planes en materia de ciberseguridad de la Agenda de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDyT) carecen de una visión de largo plazo que permita enfrentar de manera efectiva las crecientes amenazas cibernéticas, advirtieron empresas del sector.
Durante la primera semana de diciembre, la ATDyT presentó el Plan Nacional de Ciberseguridad, un proyecto que busca colocar a México a la vanguardia internacional en ciberresiliencia y reducir el riesgo de ataques digitales mediante un enfoque preventivo.
Sin embargo, este lunes, Santiago Fuentes, coCEO de Delta Protect, empresa especializada en seguridad empresarial, señaló que el marco legal mexicano en ciberseguridad está desactualizado y que el país carece de una estrategia nacional clara para atender este tipo de riesgos.
“El número de ataques cibernéticos dirigidos a infraestructuras críticas como los sectores energético, bancario, de telecomunicaciones, gubernamental y de salud continuará en aumento durante 2026”, advirtió.
Ante este escenario, Fuentes subrayó que el mantenimiento de infraestructuras críticas mediante tecnologías avanzadas, así como una mayor colaboración entre el sector público y privado, será cada vez más necesario, por lo que el Plan Nacional de Ciberseguridad requiere actualizaciones constantes para prevenir estos ataques.
Añadió que en México persiste una baja educación en Tecnologías de la Información (TI) y en gestión de riesgos digitales, tanto en el sector privado como en las instituciones públicas, lo que incrementa la vulnerabilidad frente a ciberataques como el phishing y el ransomware, que crecen año con año en el País.
En días recientes, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) coincidieron en que, pese a los avances, las acciones previstas por México son insuficientes para enfrentar las amenazas cibernéticas.
Ambos organismos reconocieron iniciativas como la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2017, así como la participación en mecanismos multilaterales como la Alianza Digital Unión Europea–América Latina y el Caribe, entre otras.
No obstante, advirtieron que el principal problema radica en la brecha entre el diseño de las políticas y su ejecución operativa.
