Al acusar cerrazón para negociar por parte del líder de la Asociación Cívica Felipe Carrillo Puerto, el secretario de gobierno del Estado, Juan Martín Granados Torres dijo que Pablo González Loyola les pidió dinero tras el fallo de un Juez Federal que ordena a las autoridades la restitución del derecho de los comerciantes a ejercer el comercio en la vía pública.
El funcionario estatal, refirió que lejos de aceptar alguna de las opciones que se les han planteado para que puedan ejercer el comercio sin afectar a terceros, el líder de la agrupación planteó que se le beneficie en su patrimonio “Dado su cerrazón al diálogo, se optó por dejar de lado las conveniencias de este líder y se presentó un trámite jurídico ante los dos jueces de Distrito y el día de hoy la segunda autoridad Judicial ha resuelto en aceptar el incidente de Cumplimiento Sustituto de Sentencia para que sea la Suprema Corte la que decida”. Juan Martín Granados, declaró que la sentencia del Juez Federal no se discute y acotó que la obedecerán al pie de la letra. Sin embargo, añadió que ello no implica que se les reinstale en la Alameda Hidalgo y advirtió que dicho espacio le pertenece a los queretanos. El funcionario estatal Refirió que hay diversos espacios en los que pueden ejercer de forma digna el comercio, mismos que se les han ofrecido ante la autoridad judicial “Nunca pondremos sobre la mesa un sentido patrimonialista como si la Alameda perteneciera a una sola persona”. Aseveró que ahora será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que decidirá si el lugar que se les da cumple con las condiciones de dignidad para los demandantes. El secretario de gobierno del Estado, acusó que se detectó que uno de los demandantes que presentó la querella murió antes de iniciar el proceso y refirió que pedirán que se investigue si se utilizó su identidad de manera irregular.
POR: FERNANDO VENEGAS
